Urdangarin reclama que todo el caso Nóos se juzgue en Valencia

El yerno del rey pretende apartar al juez José Castro y alargar el proceso


La Voz

La Fiscalía Anticorrupción le señaló el camino y el duque de Palma ha decidido recorrerlo. Iñaki Urdangarin, el marido de la infanta Cristina e imputado en el caso Nóos, ha presentado un escrito ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en el que, sumándose al criterio expresado con anterioridad por el ministerio público, considera que la competencia para instruir y juzgar este caso corresponde a este órgano judicial valenciano, y no al de Palma de Mallorca. El yerno del rey basa su argumentación en la propia exposición razonada del juez José Castro, en la que aprecia indicios de delito en la actuación del ex presidente de la Comunidad Valenciana y actual diputado regional, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Los dos políticos del PP son aforados, por lo que el caso no podría ser visto por un juzgado ordinario.

Camps y Barberá

En el escrito presentado por el abogado del duque de Palma, Mario Pascual Vives, se destaca que el juez Castro planteó al TSJCV que asumiera la competencia para instruir la parte de la causa relativa a la «decisiva e imputable intervención» de Camps y Barberá en las negociación de un convenio para la celebración del Valencia Summit, que supuso para el Instituto Nóos un beneficio de tres millones de euros procedentes de fondos públicos. Urdangarin, al igual que hizo la Fiscalía Anticorrupción, considera sin embargo que ante la atribución de los supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude a la administración a Camps y Barberá, el TSJCV no solo debe asumir esta parte de la causa sino todo el caso Nóos ya que al ser ambos aforados «la competencia para decidir acerca de la instrucción y, en su caso, juicio y fallo, correspondería al TSJCV».

En caso de que la Justicia valenciana aceptara esta tesis, el juez Castro no podría concluir el sumario sobre el que lleva trabajando más de tres años. Esa decisión libraría al duque de Palma y a su esposa de un juez que se ha mostrado hasta ahora decidido a investigar a ambos hasta el final, en contra del criterio de la Fiscalía, como se demostró en el intento de imputación por parte de Castro de la infanta Cristina y que fue posteriormente revocado tras el recurso del fiscal Pedro Horrach.

El fiscal del caso ha cambiado de criterio en torno a la competencia para instruir y juzgar el caso Nóos. Cuando el juez Castro elevó su exposición razonada al TSJCV, estimaba que podía quedarse con la parte de la causa relativa a los contratos adjudicados al Instituto Nóos por el Gobierno balear. Horrach era también partidario en un principio de fraccionar el sumario en dos. Pero el fiscal considera ahora que la imputación de dos políticos aforados obliga a que el juzgado de Baleares ceda todo el caso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Argumenta, citando numerosa jurisprudencia, que no se puede juzgar dos veces a un mismo imputado, en este caso Iñaki Urdangarin, por hechos idénticos, ya que podría darse el caso de que dos tribunales dictaran sentencias adversas por los mismos hechos. Ante ello, el fiscal solicitó al TSJCV que ordene al juez José Castro que, en caso de que termine imputando al ex presidente valenciano, se inhiba en el caso. Además de librarse del juez Castro, en caso de lograr su objetivo de que la causa pase a la Comunidad Valenciana, Urdangarin conseguiría alargar el proceso y ser juzgado por un tribunal que ya absolvió a Camps del delito de cohecho impropio.

El TSJCV no se pronuncia

Sobre la exposición razonada elevada por el juez Castro ante el TSJCV se ha pronunciado también la Abogacía de la Generalitat valenciana mediante un escrito en el que hace constar su personación en el caso como «actores civiles» en virtud de la autorización concedida para ello por el Gobierno regional el pasado 8 de febrero. La abogacía estima sin embargo que durante la instrucción del sumario no procede hacer «pronunciamiento alguno sobre cuestiones que afecten exclusivamente a la responsabilidad penal de posibles imputados».

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