Exteriores subvencionará con hasta 30.000 euros la defensa de españoles que se enfrenten a pena de muerte en el exterior

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación concederá subvenciones de hasta 30.000 euros para la defensa de los ciudadanos españoles que se enfrenten a una condena de pena de muerte en el extranjero, una ayuda de la que ya se ha venido beneficiando desde 2009 el único español sobre el que en la actualidad pesa la pena capital, Pablo Ibar.

Ahora, el departamento que dirige José Manuel García-Margallo ha elaborado una orden, que publica este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE), en la que regula la concesión de estas ayudas, que podrán solicitarse desde el momento en que un ciudadano español afronte un proceso penal acusado de un delito que en el ordenamiento jurídico del país en cuestión se pueda castigar con pena de muerte.

Esta medida supondrá una «excepción» al principio general que regula en la actualidad la asistencia a los ciudadanos españoles en el extranjero, ejercida por el Gobierno a través de las Oficinas Consulares de España, y que sólo contempla ayudas económicas cuando quien la solicite carezca de medios económicos suficientes y, además, en países donde no exista «un sistema de defensa de oficio gratuito asimilable al que hay en España».

En dicha normativa se decía que el Gobierno daría «prioridad» a los casos en los que la Fiscalía o la acusación particular solicite la pena de muerte para el ciudadano español, pero ahora el Ministerio de Exteriores ha establecido que la «propia excepcionalidad» de esta condena, cuya abolición universal es «uno de los objetivos expresos de la política exterior» del Ejecutivo, «justifica plenamente establecer una excepción al mencionado principio general».

La orden añade además que esta disposición no supone «un trato de privilegio en relación con los acusados en España», ya que esta excepcción se etablece frente a una pena a la que «por inexistente» en la legislación española, no puede enfrentarse ningún acusado en España.

De esta manera, a partir de ahora, los españoles que se enfrenten a un proceso de estas características podrán solicitar estas ayudas, que se podrán mantener incluso después de formalizada la acusación. También se podrán utilizar en procesos de revisión o repetición de juicios o de solicitud de indulto o conmutación de penas.

La ayuda la podrá solicitar el propio ciudadano afectado o su defensa y una comisión de valoración estudiará la petición y emitirá un informe autorizándola o no. La cuantía individualizada no podrá exceder los 30.000 euros, según establece el Ministerio de Exteriores, que cada año fijará en sus presupuestos la cuantía total que podrá otorgar a estas subvenciones.

Pablo Ibar, el único español condenado a muerte

En la actualidad, el único español sobre el que pesa la pena capital en el exterior es Pablo Ibar, en el corredor de la muerte en una carcel de Florida (Estados Unidos) desde el año 2000, que en los últimos años ha venido recibiendo ayudas para costear su defensa.

El año pasado, el Ministerio de Asuntos Exteriores le concedió 29.503,92 euros, una ayuda que fue la mitad de lo que este departamento le entregó en 2011, cuando, con la socialista Trinidad Jiménez como jefa de la diplomacia, se le entregaron 60.000 euros. La de 2012 fue la cuarta subvención otorgada a Ibar, que desde 2009 venía recibiendo entre 50.000 y 60.000 euros. Para ello, el Ministerio de Exteriores creó subvenciones para los presos condenados a pena de muerte de las que el único beneficiario ha sido hasta ahora este preso.

Ibar fue condenado a muerte en julio de 2000 por un triple asesinato ocurrido en junio de 2004. Le declararon culpable principalmente sobre la base de unas imágenes poco nítidas de una cinta de videovigilancia, si bien ninguna de las huellas digitales dejadas por los autores del crimen correspondía a las de Pablo Ibar, según asegura la asociación contra la pena de muerte que lleva su muerte.

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