El Departamento de Bienestar Social y Familia culpa de esta decisión a «los incumplimientos del Estado en la financiación de la Ley de la Dependencia»
30 jul 2013 . Actualizado a las 20:24 h.La Generalitat de Cataluña ha decidido suspender, durante dos meses y de manera transitoria, nuevas entradas de beneficiarios de prestaciones económicas para pagar plazas de residencias geriátricas, previstas en la Ley de Dependencia, debido a la precariedad de sus finanzas.
El Departamento de Bienestar Social y Familia ha culpado directamente de esta decisión a «los incumplimientos del Estado en la financiación de la Ley de la Dependencia» y ha asegurado que la medida no afectará a las prestaciones residenciales que ya se están pagando.
Fuentes del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) han asegurado que es una «medida transitoria extraordinaria» y que consistirá en que durante los meses de agosto y septiembre no se realizarán nuevos PIA (Programas Individuales de Atención) de prestación económica vinculada al servicio de atención residencial, así como el ingreso asociado a plazas de prestación vinculada.
Esta prestación es la ayuda económica establecida en la ley de Dependencia que se concede para pagar una plaza privada de residencia cuando no hay plazas en los geriátricos públicos.
El Departamento de Bienestar Social ha recordado que «la deficiente financiación por parte de la administración del Estado ha provocado que la Generalitat tenga que hacer frente en gran parte a los recursos necesarios para aplicar la ley».
Actualmente, el Estado financia el 20 % de las prestaciones y los servicios asociados a la Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, mientras que la Generalitat aporta el 80 % por ciento restante, cuando la ley dictamina que su financiación debe ser a partes iguales entre las dos administraciones.
En el año 2011, el ICASS inició un proceso extraordinario de acreditación de plazas privadas para acoger personas con una prestación económica vinculada al servicio.
Ello permitió, según ha asegurado la Generalitat, que una gran cantidad de centros hayan podido ofrecer a muchas personas beneficiarias una plaza residencial a la que, de otro modo, no tenían posibilidad de acceder.
Esta medida, que ha supuesto «un importante esfuerzo presupuestario», según el ICASS, también ha permitido una reducción en las listas de espera para acceder a una plaza de titularidad pública.
«Pero la deficiente financiación por parte del Estado ha provocado que este esfuerzo se haya convertido insostenible y, por ello, de manera transitoria no se efectuará durante agosto y septiembre ningún PIA de prestación económica vinculada al servicio de atención residencial, ni ningún ingreso asociado a plazas con este tipo de prestación», ha reiterado la Generalitat.
El Departamento de Bienestar Social y Familia ha explicado que esta medida extraordinaria ya ha sido comunicada a las entidades y patronales del sector, que se verán también perjudicados porque perderán nuevos ingresos de residentes.