El juez indaga si hay cohecho en las adjudicaciones a donantes del PP

Hacienda no ve delito fiscal en los dirigentes citados en los papeles de Bárcenas porque los supuestos cobros no llegan al mínimo punible, 120.000 euros anuales


Madrid / Colpisa

Los documentos que el extesorero del PP entregó el lunes a la Audiencia Nacional parecen haber hecho cambiar de idea a Pablo Ruz, hasta ahora convencido de que la investigación sobre los papeles de Bárcenas se debía limitar a saber si el PP, como organización, incurrió en delito fiscal por «la presunta llevanza de una contabilidad B». En una providencia hecha pública ayer, el instructor de la pieza separada del caso Gürtel amplía el objeto de su investigación para descubrir si los apuntes de Bárcenas, en lo referente a donaciones, pudieron ser constitutivos de un rosario de delitos de cohecho para amañar adjudicaciones. Ruz ordena a los peritos de la Intervención General del Estado que determinen si «las cantidades dinerarias supuestamente percibidas por el PP a través de Álvaro Lapuerta y Bárcenas», y que aparecen en la «contabilidad B de dicha formación política», tienen vinculación con las «adjudicaciones y contratos de los que fueron beneficiarios las sociedades relacionadas con los querellados».

Así, el juez reclama a los expertos que revelen si estos pagos y los subsiguientes contratos tuvieron «relevancia penal» en relación a los artículos 419 y siguientes del Código Penal, los que se refieren al cohecho. Según fuentes judiciales, Ruz quiere el respaldo de la Intervención para entrar de lleno en este delicado tramo de la pesquisa que podría desembocar, además de en el cohecho, en acusaciones de delitos conexos como la malversación y la prevaricación contra los responsables políticos de las Administraciones que adjudicaron contratos a los donantes del PP. El juez pretende que la Intervención le confirme los datos del polémico informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), que el 7 de mayo aseguró que los «19 empresarios donantes identificados» en los papeles de Bárcenas hicieron aportaciones al PP entre el 2001 y el 2012 por valor de 3,4 millones.

Más de 12.000 millones

En ese período, esos empresarios recibieron adjudicaciones de los Gobiernos en manos del PP (central, autonómicos y locales) por 12.281 millones. De esos 19, 16, según la policía, habrían realizado aportaciones superiores al máximo permitido por la ley de financiación de partidos -60.000 euros hasta el 2007 y 100.000 euros a partir de ese año.

La UDEF constató que seis sociedades (Hispánica, OHL, Sando, Sacyr, Azvi y Aldesa) hicieron donativos al PP de forma regular en el período de las adjudicaciones. Entre esas aportaciones destaca una de 400.000 euros de José Luis Sánchez Domínguez, presidente de Sando, en el 2003, según los papeles del extesorero; también otra ese año de 360.000 euros de Manuel Contreras, dueño de Azvi. Sin embargo, en Sedesa, Copasa, Copisa, FCC, Urazca y Rubau las entregas se concentran en un año, que coincide o está próximo a un ejercicio de elevado volumen de contratación de obra pública. Este tipo de correlación es la que debe determinar la Intervención si es delictiva.

En esa misma providencia, Ruz ordena a la Agencia Tributaria que estudie a fondo todos los documentos de la causa, incluidas las nueve carpetas y el pendrive entregados por Bárcenas. Y que establezca así si las «personas físicas» que aparecen como «perceptoras» en la supuesta caja B pudieron incurrir en irregularidades fiscales con responsabilidad penal.

El bienio 2007-2008

Es la primera vez que el juez indaga la responsabilidad de los dirigente del PP citados en el bienio que recoge la contabilidad manuscrita del extesorero y que no estaría prescrito (2007 y 2008), años en que aparecen como beneficiarios, entre otros, Rajoy, Cospedal, Arenas y Acebes. No obstante, explicaron fuentes judiciales, Ruz solo espera que Hacienda, tal y como él supone, le certifique que no puede investigar a esos cuatro dirigentes del PP porque, aun en el caso de que los apuntes de Bárcenas respondieran a la realidad, las cifras no supondrían un delito, pues no llegarían al mínimo de 120.000 euros de defraudación por ejercicio. Otra cosa es la dimensión política.

La puerta que sí dejará abierta la Agencia Tributaria en su informe será la de imputar un delito fiscal al PP, como organización, por los ejercicios del 2007 y el 2008 si se confirma que los apuntes de Bárcenas son reales. El juez ordenó a Hacienda ya que «estime las cuotas» supuestamente defraudas a partir del 2007 «en relación al impuesto sobre sociedades y al IRPF».

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