Afirman que las estadísticas oficiales inflan en casi un 500 % la cifra de procesos
12 jul 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El exceso de litigiosidad que registran los juzgados españoles, principal argumento de una buena parte de las reformas judiciales auspiciadas el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, y muy especialmente para la imposición de las polémicas tasas, dista mucho de lo que reflejan las estadísticas oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). «No es cierto el exceso de litigiosidad de que se habla tanto», anunció ayer Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, en la presentación de un informe de investigación que echa por tierra las cifras oficiales de procesos y que, según él, pone en evidencia la transparencia del máximo órgano judicial.
El CGPJ acredita en su informe anual La Justicia dato a dato que en el 2011 hubo un total de 9,04 millones de procesos judiciales tramitados. Según el estudio realizado por un equipo de la Universidad Autónoma de Madrid coordinado por Gilberto Pérez del Blanco, profesor de Derecho Procesal, la cifra real se reduce a tan solo 1,83 millones, un 80 % menos que el dato oficial, que está engordado así en casi un 500 % debido a una contabilidad duplicada, la inclusión de procesos en los que no hay actuación de un juez, las diligencias previas y una forma errónea de llevar a cabo la estadísticas de litigiosidad.
Dentro del orden civil, el Consejo General del Poder Judicial afirma que hubo un total de 1,07 millones de procesos, cuando la realidad, según el informe, es que solo se celebraron 717.559. La disparidad de cifras es aun mayor en el orden penal, donde los datos oficiales hablan de 6,5 millones de procesos, cuando el estudio de la Universidad Autónoma apunta a 700.000 causas.
El coordinador del trabajo explicó que estos desfases entre los datos oficiales y sus conclusiones responden a la «inercia», ya que desde las instituciones oficiales no se ha querido cuantificar los procesos legales que realmente existen cada año en España. Carnicer, por su parte, reclamó que este informe sea tenido en cuenta por parte del Gobierno a la hora de afrontar las reformas judiciales en marcha.