Paso a paso, como una hormiga, la jueza instructora Mercedes Alaya va subiendo los peldaños de la pirámide política implicada en el escándalo de corrupción de los ERE fraudulentos. Sus pesquisas estrechan cada vez más el cerco al Ejecutivo andaluz al involucrar ya a tres consejerías: Empleo, Economía y Hacienda e Innovación. Aparentemente, ya han sido imputados todos los políticos involucrados de una u otra forma en el escándalo, excepto los que, aunque señalados en los interrogatorios, están aforados. Se trataría del presidente José Antonio Griñán -ex vicepresidente económico de Manuel Chaves-; su antecesora, la actual consejera de Hacienda Carmen Aguayo -anterior número dos de Griñán-; el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, actual parlamentario andaluz; el ex consejero de Presidencia y diputado en Madrid Gaspar Zarrías -por quien la magistrada preguntó insistentemente al último imputado-; o el ex consejero de Empleo y también diputado José Antonio Viera.
La eventual implicación de cualquiera de ellos supondría la cesión del caso al Tribunal Supremo y obligaría a Alaya a abandonar la instrucción, algo a lo que no parece dispuesta.
Una vez encarcelado el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, y antes de imputar a los otros dos ex miembros del Ejecutivo con activa vida política, Alaya dio un rodeo y encaminó sus pesquisas a los grandes beneficiarios del procedimiento: los intrusos en los ERE y, sobre todo, los intermediarios.
La jueza dictó la pasada semana un nuevo auto de imputación que llegó al corazón mismo de las consejerías implicadas durante el último decenio de mandato socialista. Una veintena de cargos de segundo y tercer nivel que impulsaron o visaron el sistema de ayudas y que además pudieron tener «indiciario conocimiento» de su uso indebido a través de las advertencias del interventor. Llegados a este punto, Alaya se enfrenta a una encrucijada. El camino de su instrucción se dirige inexorablemente a la imputación de cargos aforados, incluido el propio presidente de la Junta. Pero sabe que en cuanto lo haga deberá desvincularse del caso.