Un imputado en el caso de los ERE declara que Zarrías era quien solucionaba las ayudas a empresas de Jaén
ESPAÑA
El diputado socialista se interesaba por las subvenciones a las compañías y era a quien se acudía «para buscar soluciones», según un bufete de abogados
05 jul 2013 . Actualizado a las 07:00 h.La jueza que investiga el caso de los ERE sigue estrechando el cerco al Ejecutivo andaluz e indaga ahora sobre la participación del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías en la concesión de ayudas. El responsable del bufete que participó en la tramitación de los expedientes e incluso adelantó pagos directos a empresas señaló ayer que el diputado socialista se interesaba por las ayudas a las compañías de la provincia de Jaén y era a quien «se acudía para buscar soluciones».
Tras analizar toda la información incautada en el despacho de abogados, Mercedes Alaya retomó ayer las declaraciones a los implicados en la operación Heracles, de marzo, con el letrado Carlos Leal. Este señaló que el exsindicalista Juan Lanzas, colaborador de su despacho, le informó de reuniones en sedes oficiales con representantes de empresas de Jaén o con planes para instalarse allí, como las del grupo Nueva Rumasa, y en que también participarían otros consejeros que no supo identificar.
Fuentes judiciales explicaron que la jueza le imputa los delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo, asociación ilícita y malversación impropia. Y estima que su «rol delictivo» en la trama se remonta a 1999.
Las irregularidades se repartirían en varios apartados. Estudio Villasís habría asesorado laboralmente a una de las mediadoras implicadas y a las asociaciones de trabajadores en algunos de los ERE cuestionados por la inclusión de intrusos, aunque según un atestado de la Guardia Civil no se sabe cuál fue su «papel concreto» y habría podido sobredimensionar su actividad para incrementar sus honorarios.
Leal explicó ayer en un receso que sus servicios fueron sufragados por los trabajadores beneficiados con cargo al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), no con dinero público.
Pero el bufete habría tenido contacto directo con la Dirección General de Trabajo que comandaba Javier Guerrero, y que habría concertado con Estudios Villasís el pago de ayudas directas a empresas ubicadas sobre todo en la comarca sevillana natal de Guerrero.