Muere de infarto un juez en el juzgado sin ser atendido

Efe MADRID

ESPAÑA

El Summa 112 asegura que tardó 16 minutos en llegar y no 40, como afirmaban otros magistrados

02 jul 2013 . Actualizado a las 23:34 h.

Un juez ha muerto hoy de un infarto en los juzgados de lo social de Madrid después de no haber recibido asistencia médica, lo que ha causado un gran malestar judicial por las malas condiciones del edificio en el que encuentra la sede judicial y por la supuesta tardanza de la ambulancia de emergencias. De hecho, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha expresado su «preocupación por las circunstancias que, según las informaciones recibidas, se han producido en el lamentable hecho sucedido en la sede judicial».

El fallecido es el magistrado titular del Juzgado de lo Social número 25 de Madrid, Ángel Luis del Olmo Torres, de 58 años, quien sufrió un infarto en la sede de los juzgados de lo social situados en la calle de la Princesa número 3, en la madrileña Plaza de los Cubos. Fuentes jurídicas han informado que los jueces, magistrados y empleados de este edificio judicial, dependiente de la Comunidad de Madrid, han expresado su profundo malestar por lo sucedido, ya que en estas instalaciones no hay personal sanitario ni desfibriladores para hacer frente a estas situaciones, como obliga la normativa.

Además de estas condiciones del edificio, se da la circunstancia de que, según las fuentes consultadas, la ambulancia de emergencia que ha ido a atender al juez infartado ha tardado en llegar unos 40 minutos, por lo que cuando el equipo se presentó finalmente en los juzgados el magistrado ya estaba muerto.

Tanto el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Gonzalo Moliner, como el del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira, han lamentado la pérdida del magistrado y han expresado su pesar a la familia del fallecido.

El SUMMA 112 asegura que tardó 16 minutos en atenderlo

El Servicio de Urgencias Médicas de Madrid, SUMMA 112, ha desmentido que tardase 40 minutos en atender al juez fallecido tras sufrir un infarto en los juzgados de lo social de Madrid, ya que, según sus datos, «tardó dieciséis minutos» en atenderle.

El servicio de urgencias ha asegurado que los datos grabados en la ambulancia «permiten comprobar que tardó dieciséis minutos en atender al paciente».

Según el SUMMA 112, cuando sus efectivos llegaron a la sede de los juzgados, el juez, de 58 años, «estaba siendo ya atendido por un perito forense que se encontraba en el lugar desde el primer momento y que comenzó las maniobras de resucitación en el momento de la parada cardiorrespiratoria».

Después de una hora y quince minutos de maniobras de reanimación, los facultativos no consiguieron «revertir la parada cardiaca del paciente».

Por su parte, tras las críticas al estado del edificio de la sede judicial, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha negado que ésta esté en mal estado, al tiempo que ha indicado que no está obligado por ley a tener desfibriladores en el edificio.

Según fuentes del Ejecutivo regional, el inmueble está en condiciones «óptimas» para su uso y cumple con todas las medidas de seguridad y ha pasado todas las inspecciones.

Además, la Comunidad de Madrid ha negado que presente deficiencias.

Fuentes de la Consejería de Presidencia y Justicia han apuntado que el real decreto 365/2009, que regula el uso de los desfibriladores, en ningún caso obliga a las comunidades a instalar este tipo de aparatos en la dependencias públicas.

Este decreto, han agregado fuentes de la consejería, se limita a recomendar su instalación en dependencias utilizadas por más de 5.000 personas, como recintos deportivos.

Además, el departamento de Presidencia y Justicia ha añadido que tampoco está obligado a contar con personal médico en los juzgados.

El Consejo General del Poder Judicial ha expresado por unanimidad su preocupación por las circunstancias de la muerte del juez, en el que se suman al mismo mensaje expresado poco antes por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner.