La reforma administrativa de Rajoy augura conflictos con las autonomías

Enrique Clemente Navarro
E. Clemente MADRID / LA VOZ

ESPAÑA

Aún deberá negociar con ellas las 120 medidas para evitar duplicidades

20 jun 2013 . Actualizado a las 12:58 h.

Mariano Rajoy no despejó dudas. En su discurso de presentación en la Moncloa del informe elaborado por una comisión que servirá como base de la esperada reforma de la Administración no dio más que unas cuantas pinceladas y no avanzó el ahorro que espera conseguir con la misma. El documento contempla 217 medidas «de gran calado», según el presidente del Gobierno, de las cuales 120 son para eliminar duplicidades, que tendrá que negociar con las comunidades autónomas, lo que puede convertirse en una fuente de conflictos entre ambas Administraciones.

«Una economía competitiva necesita unas Administraciones públicas transparentes, ágiles y libres de solapamientos, duplicidades y gastos innecesarios». De esta forma resumió la filosofía de su plan. Pero quiso rebajar las expectativas diciendo que España tiene una «buena Administración» y desmontando el «mito» sobre su excesivo tamaño, ya que está entre los países con menos gasto público de la eurozona, un 43,3 % frente al 49,7 % de media. También señaló que ya ha habido un «adelgazamiento» de las Administraciones sin precedentes, ya que desde el 2011 se ha reducido en 375.000 el número de empleados públicos. Frente a quienes le exigen recortes más profundos, como José María Aznar, aseguró que «para que tenga éxito, toda reforma ha de conjugar realismo y ambición en las dosis adecuadas», sin caer ni en el «conformismo» ni en «el idealismo impracticable».

El texto elaborado bajo la supervisión directa de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, fue calificado por Rajoy como la «radiografía más minuciosa que se ha hecho de nuestro sector público en toda nuestra democracia». Consciente de que la implementación de la reforma depende en gran medida de la buena voluntad de las autonomías para aceptar las recomendaciones, se comprometió a «buscar el máximo grado de acuerdo» y aseguró que el informe se discutirá en un próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera. «Este documento es una propuesta, nos gustaría acordarla con todos, aquí no hay ideología, aquí hay un intento de ser más eficaces», afirmó. Rajoy se enfrenta ahora a la dura tarea de convencer a los presidentes autonómicos y a los alcaldes de que apliquen las propuestas. Por su parte, se limitó a decir que hay entes autonómicos que se pueden eliminar, como las agencias de meteorología, los órganos de defensa de la competencia o las agencias de energía. En la parte que depende de la Administración central, anunció que los cambios se empezarán a acometer a partir de mañana mismo, cuando el informe se eleve al Consejo de Ministros, con las reformas de la ley de régimen jurídico, la de procedimiento administrativo, la de subvenciones, la factura electrónica y la de morosidad.