El juez deniega a la Fiscalía investigar más cuentas bancarias
08 jun 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El juez que instruye la causa especial contra José Blanco en el Tribunal Supremo ha denegado a la Fiscalía la práctica de nuevas diligencias para investigar a terceras personas por la supuesta entrega al diputado del PSOE de cantidades de dinero «que iban dirigidas a efectuar pagos de la vivienda del aforado». Las sospecha de la Fiscalía es que el vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco, habría colaborado en el pago de la vivienda del exministro en Madrid. Incluso el propio juez, en un auto anterior, alega que la casa de Madrid «en alguna medida se la debía a su amigo Orozco, según conversaciones telefónicas, atribuidas a este último, no negadas». El alto ejecutivo de Azkar, no obstante, negó en su declaración judicial haberle entregado dinero para sufragar la vivienda. La defensa del diputado, por su parte, recuerda que no hay conversaciones intervenidas a Orozco en las que este mencione que pagó la casa del exministro. Tan solo el testimonio de Jorge Dorribo, que en una declaración dijo que Orozco le había contado que Blanco le debía su casa.
Tres años
En cualquier caso, el juez recuerda que, de existir estos pagos, «es oportuno manifestar que estas entregas se remontan al año 2007 fundamentalmente». Teniendo en cuenta que la causa se abrió contra Blanco en diciembre del 2011, el magistrado alega que ya han transcurrido más de tres años y este presunto delito de cohecho impropio habría prescrito.
Pese a que la defensa del ex vicesecretario general del PSOE llegó a acusar de «graves irregularidades» en las diligencias a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, José Ramón Soriano defiende en su auto la acción policial. No obstante, reconoce que la «rigurosidad» del informe encargado para investigar la concesión de la licencia para la nave de Sant Boi «es discutible técnicamente». Pero alega que tanto la parte acusadora como la defensa pueden plantear pruebas periciales adicionales cuando la investigación judicial estricta esté en marcha, una vez concedido el suplicatorio.