Galicia registró un delito de corrupción política cada dos días en el 2012, un 22 % más

El fiscal superior denuncia que las prácticas ilícitas de guante blanco «non conlevan ingresos efectivos de prisión»


Santiago / La Voz

Nombres de operaciones judiciales como Campeón, Pokémon, Orquesta, Pollo, Carioca o Rei popularizaron entre los gallegos los delitos asociados a la corrupción política, que crecieron un 22,5 % a lo largo del 2012, año en el que se registraron 152 imputaciones de estas características, lo que hace un promedio de un nuevo delito incoado cada dos días. Así lo expresó el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, que ayer compareció ante la comisión parlamentaria sobre corrupción política, donde reiteró su petición de crear un órgano independiente para combatir este tipo de prácticas ilícitas.

Varela aprovechó su paso por la comisión parlamentaria, creada también por indicación suya con el propósito de elaborar un plan de prevención de la corrupción política, para ponerle cifras a estas actividades ilícitas. Dijo que el delito más representativo de la corrupción política es la prevaricación administrativa, con el 49,3 % de las imputaciones incoadas en el 2012. Le sigue, en segundo lugar, la malversación de caudales públicos, con un peso del 13,8 %; el tráfico de influencias, con el 12,5 %; el cohecho, 11,2 %, y el blanqueo de capitales, con un peso del 10,5 %.

Pero si la Administración de Justicia se muestra muy diligente a la hora de generar nuevas imputaciones, no es tanto para emitir sentencias relacionadas por la corrupción, pues en el 2012 solo se emitieron ocho, frente a las seis del 2011, año en el que se imputaron 124 delitos relacionados con la corrupción.

El 0,05 % de resolución

Tanto es así que los ocho casos judiciales de corrupción política resueltos en Galicia el año pasado tan solo representan, según indicó Carlos Varela, el 0,053 % de la cifra global de delitos sentenciados en la comunidad en el mismo ejercicio.

Entre las medidas planteadas por el fiscal superior para combatir la corrupción en la Administración pública figura una propuesta que abandera desde hace meses, y que consiste en la creación de un órgano especializado en perseguir estas prácticas. Ese órgano actuaría, según planteó, de forma independiente, aunque propuso adscribirla al Consello de Contas, la institución que se encarga de fiscalizar las finanzas públicas.

Los representantes de los grupos políticos intercambiaron puntos de vista con el fiscal superior dejando entrever si necesario acabar con el «aforamento» judicial de los diputados, como sugirió Beatriz Sestayo (PSdeG), o reformar el Código Penal para ampliar las penas por corrupción y acabar con la sensación de impunidad, como planteó Yolanda Díaz (AGE).

Delitos de guante blanco

Carlos Varela compartió la «sensación» de que algunos delitos, especialmente aquellos considerados «de guante blanco», no conllevan «ingresos efectivos de prisión», si bien insistió en que cualquier reforma del Código Penal escapa al ámbito gallego. Y a la preguntas de Tereixa Paz (BNG) aclaró que buena parte de los delitos de corrupción tienen que ver con la contratación pública.

Ya a modo de broche, Varela dejó colocado en la comisión parlamentaria un mensaje para distinguir entre la inocencia política y la penal. Sostuvo que hay conductas «eticamente reprobables», aunque no lo sean penales, que son «incompatibles coa boa gobernanza» y que debería obligar a sus actores a dimitir. Fue, eso sí, una reflexión hecha sin ejemplos.

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