Las propuestas de Justicia, que serán denunciadas ante Bruselas, incluyen la posibilidad de prohibir informaciones
30 may 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El interminable paquete de reformas promovidas por Alberto Ruiz-Gallardón desde su llegada al Ministerio de Justicia no deja a nadie indiferente. Si las propuestas de la comisión de expertos sobre la futura ley de enjuiciamiento criminal -en fase de debate entre los colectivos afectados- en lo que atañe a la regulación del secreto sumarial está generando inquietud entre los profesionales de la comunicación, ya que prevé que un juez pueda prohibir la publicación de ciertas informaciones, la reforma del órgano de gobierno de los jueces acaba de provocar una dura respuesta de los presidentes de las audiencias provinciales, según pusieron de manifiesto ayer en la clausura de un encuentro celebrado en Cantabria.
La reforma del Consejo General del Poder Judicial, en fase de tramitación parlamentaria, dicen que «puede suponer una grave afectación de los mecanismos institucionales de garantía eficaz de la independencia judicial» porque «limita o puede limitar» la potestad y competencias del CGPJ en el acceso a la carrera judicial, medición de carga de trabajo y estatuto del juez. Por todo ello, los presidentes de las audiencias provinciales han acordado solicitar a la Comisión y al Parlamento Europeo y al Consejo Consultivo de Jueces Europeos que valoren si la reforma del CGPJ, que les provoca «honda preocupación, lesiona la independencia judicial». También comunicarán el acuerdo al CGPJ, a los presidentes del Congreso y del Senado, y al Ministerio de Justicia.
Los presidentes de las audiencias provinciales consideran que esta reforma «prescinde de todo diseño legal sobre cómo y bajo qué criterios serán elegidos los vocales de procedencia judicial» y critica que se limite la dedicación exclusiva de los vocales del Consejo, ya que solo siete de veinte tendrán dedicación plena. Tampoco están de acuerdo con que se hayan modificado a la baja las mayorías necesarias para el nombramiento de altos cargos judiciales.
Otro tema que ha suscitado controversia es la pretensión de entregar la instrucción a los fiscales, bajo el control de un juez de garantías. Temen que el poder político guíe al ministerio público y con ello se limite la independencia judicial.
Pero los jueces no son los únicos soliviantados con las reformas de Gallardón. La propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (que pasará a llamarse Código Procesal Penal) prevé otorgar al juez de garantías la facultad para requerir a un medio de comunicación el cese de la publicación de informaciones que comprometen gravemente el derecho a un proceso justo o a los derechos fundamentales de los afectados. El ministro de Justicia aseguró ayer que se trata de evitar los juicios paralelos, no de limitar la libertad de expresión, como se teme entre los profesionales de la comunicación.
Miguel Collado, vocal del CGPJ y director del encuentro en que fue presentado el proyecto de reforma, dijo que las relaciones entre la prensa y la Justicia deben guardar un equilibrio. Piensa además que puede ser necesario «replantear» el tratamiento de las informaciones judiciales por parte de los propios medios de comunicación.