Exige ampliar la investigación para saber si la reforma del palacete la pagó Aizoon, empresa de los duques supuestamente usada para blanquear dinero
25 may 2013 . Actualizado a las 15:48 h.José Castro no va a tirar la toalla tan fácil. Aunque Hacienda, los servicios jurídicos del Estado y la propia Fiscalía Anticorrupción se opongan, el juez del caso Nóos no está dispuesto a dejar de investigar hasta qué punto la infanta Cristina pudo ser cómplice o cooperadora de los delitos fiscales o blanqueo de capitales de su marido. Esos son los únicos ilícitos que la Audiencia Provincial de Palma ya ha advertido que le permitiría imputar a la hija del rey si es que encuentra indicios. Y el instructor no parece dispuesto, ni mucho menos, a dejar pasar ese resquicio. Un día después de conocer que la Agencia Tributaria, tras analizar las últimas diez declaraciones del IRPF de Cristina de Borbón, prepara un informe exculpatorio sobre ella, el magistrado dinamitó la estrategia de Hacienda al ordenar a ese departamento que haga una investigación más profunda de la que estaban realizando los técnicos del fisco y que esperaban poder entregarle en junio para cerrar así la puerta a la imputación.
Castro echó por tierra cualquier intento de finiquitar ya la investigación sobre la infanta Cristina y ordenó a la Delegación de Hacienda en Cataluña que no se quede en las declaraciones de la renta, sino que someta la esposa de Urdangarin a un exhaustivo examen económico y fiscal, una suerte de investigación integral de todo su patrimonio a la búsqueda de cualquier indicio de irregularidad que sirva para acusarle y llamarle a declarar.
El juez explica en su resolución que la Agencia Tributaria debe entregarle un informe en el que debe constar todas las cuentas corrientes en las que la duquesa de Palma sea titular o apoderada. Además, reclama información de todos «los bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos de lo que sea titular».
El palacete, en el punto de mira
Pero la resolución de Castro va más allá. Oficia a la Agencia Tributaria para que le informe si la infanta tuvo «real intervención» en las supuestas irregularidades cometidas por Iñaki Urdangarin. En particular, el juez ordena a Hacienda que aclare si Cristina de Borbón «ha podido hacer uso para la rehabilitación de su vivienda en la calle Elisenda de Pinos de Barcelona (el palacete de Pedralbes) u otras atenciones personales y familiares de fondos derivados de la entidad mercantil Aizoon». Y reclama a los técnicos «concreción» sobre este asunto.
La del juez no es una petición baladí. La Agencia Tributaria ya informó a Castro de que la reforma del palacete de Pedralbes costó exactamente 2.976.056,31 euros, a sumar a los 5,8 millones que abonaron por el inmueble. Esos trabajos de rehabilitación se endosaron como gastos casi en su integridad a la sociedad de la que son dueños al 50 % los duques de Palma bajo el paraguas de que esa vivienda habitual también iba a ser la sede de la empresa familiar. Según fuentes de la investigación, este es uno de los puntos débiles de la defensa de la infanta. El enriquecimiento o beneficio personal o familiar que la socia no administradora de Aizoon tuvo de las irregularidades de su marido, al margen de que conociera o no de esos delitos, es uno de los aspectos más delicados de la posición de la hija del Rey.
El juez recuerda que la propia Audiencia mostró sus «recelos» por las «lagunas» en el informe de la Agencia Tributaria de enero y, por ello, insta a los técnicos de ese departamento para que le entreguen en el «menor plazo» otro estudio ampliatorio, este ya centrado en Urdangarin y en Aizoon.
Buena muestra de que el juez no va a tirar la toalla es que ha pedido refuerzos. Solicita a la Agencia Tributaria que adscriba a su juzgado a un funcionario de Aduanas que ya ha colaborado en este sumario.
Todavía se desconoce si Anticorrupción se opondrá a las órdenes del juez de hacer una investigación integral del patrimonio de la infanta. Pero el fiscal general ya avisó que en todos los sumarios sobre delitos fiscales es siempre la Agencia Tributaria la que «marca el terreno de juego».