La rebelión de los barones pone a prueba el liderazgo de Rajoy

Castilla y León y Cantabria se suman al motín contra el déficit a la carta


Madrid / La Voz

El motín se recrudece. La pretensión del Gobierno de conceder a Cataluña un margen mayor de déficit que al resto de comunidades suma ya el rechazo de la mayoría de autonomías gobernadas por el PP. Ayer, fueron Castilla y León y Cantabria las que expresaron su desacato a la llamada a la «generosidad» hecha por Mariano Rajoy. Algo que ya habían hecho Galicia, Extremadura, Madrid, Aragón y La Rioja. Estos pronunciamientos debilitan el liderazgo de Rajoy, que asume ya como casi imposible un consenso y se prepara para imponer su criterio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, incluso con el rechazo de algunas comunidades en manos del PP. Aun así, intentará sofocar la revuelta en una cita con sus barones previa a la reunión del consejo que tomará la decisión final. Uno de sus argumentos será que Bruselas también ha permitido a España un déficit mayor que a otros países.

«Delirios independentistas»

No lo tendrá fácil. El descontento crece. Y el rechazo a un trato de favor a Cataluña se expresa cada vez en términos más duros. «No estamos dispuestos a que un ciudadano de Castilla y León tenga que pagar la televisión pública catalana, sus delirios independentistas, la política autonómica o las embajadas catalanas», señaló ayer el portavoz de la Junta de Castilla y León José Antonio de Santiago. Ese argumento, el que mezcla la batalla del déficit con la escalada independentista en Cataluña, es el que más daño hace al Gobierno. El portavoz de Castilla y León afirmó que sería «injusto e inadmisible» que el objetivo de déficit se establezca por «chantajes independentistas». Y, ya en claro desplante a lo dicho por Rajoy, añadió que tal cesión «no es altura de miras».

Menos explícito fue el rechazo expresado por la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de Cantabria, Cristina Mazas, que abogó parque, si hay una flexibilización del objetivo de déficit, sea «igual» para todas las comunidades. A su juicio, «no sería lógico» premiar a las que han incumplido los objetivos en perjuicio de las que han hecho esfuerzos para lograrlos.

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