Un Consejo más presidencialista

El Partido Popular se ha quedado solo a la hora de acometer una reforma del órgano de gobierno de los jueces que nacerá con fecha de caducidad


Redacción / La Voz

Efectuar una reforma en profundidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el paradigma de la politización de la Justicia, según pone de manifiesto la ciudadanía cada vez que se le pregunta por el tema en las encuestas, era desde hace años una necesidad inaplazable. La ley orgánica por la que se rige actualmente data de hace 28 años. El PP la incluía en su programa electoral, ofreciendo como principal novedad el cambio del actual sistema de elección de los vocales por las Cámaras (Congreso y Senado), para devolverle esa potestad a los jueces, en sintonía con los postulados de las asociaciones de jueces más conservadoras.

El actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, miembro de la carrera fiscal en excedencia especial porque lleva media vida dedicado a la cosa pública, consciente de que una ley de esta trascendencia convenía que obtuviese el mayor respaldo parlamentario posible, anunció hace tiempo que renunciaba al cambio en el sistema de elección para facilitar ese consenso. Tras más de seis meses de negociaciones con el partido mayoritario de la oposición, que le dio sobradas muestras de que también estaba dispuesto a hacer concesiones, en aras de ese lógico y deseado acuerdo amplio, cuando llegó la hora del debate parlamentario, los populares se cerraron en banda y el pasado jueves admitieron 78 enmiendas -todas ellas meramente formales, y solo 38 de la oposición- de los varios centenares que se presentaron.

Esta cerrazón provocó un coro unánime de críticas de los grupo de la oposición, que ven en este proyecto de ley, solo pendiente de ser refrendado por el Senado, una «ocupación política» del CGPJ que le valió al ministro promotor de la reforma el calificativo de «mentiroso compulsivo».

Aunque el dictamen que emitió sobre este proyecto de ley la Comisión de Justicia del Congreso dice que las atribuciones del Consejo «no se verán sustancialmente alteradas» -ya que lo único que se pretende es acometer una reforma de profundidad de su arquitectura y funcionamiento «que permita poner fin a los problemas que a lo largo de los años se han puesto de manifiesto, así como dotarlo de una estructura más eficiente»-, el mundo judicial, casi de forma unánime, no lo ve así. Advierten que, de entrada, tendrá una estructura más presidencialista. Su núcleo duro estará formado por un presidente, un vicepresidente y solo cinco de los 20 vocales tendrán dedicación exclusiva; el resto se limitará a participar en un pleno mensual en el que poco más podrán hacer que refrendar lo que haya decidido el presidente con la comisión permanente.

Esta estructura lo convertirá en un órgano mucho más manejable que el actual, lo cual no encaja demasiado en el principio de separación de poderes previsto en la Carta Magna. Por ello, nace con fecha de caducidad. El PSOE ya anunció que llevará la ley al Tribunal Constitucional y que la cambiará tan pronto como cuente con la mayoría necesaria.

La reforma del Poder Judicial

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