La ley exige celeridad a los concellos para salvar miles de casas en la costa

Feijoo matiza el compromiso de la Xunta de sacar Ence de la ría de Pontevedra en el 2018


Santiago / La Voz

La aprobación por el Congreso de la reforma de la Ley de Costas ha activado la cuenta atrás para regularizar los núcleos tradicionales del litoral gallego y poder salvar así el mayor número posible de viviendas construidas antes de 1988. La norma impone plazos muy ajustados para que los 82 municipios afectados realicen los trámites requeridos, que en 25 de esos concellos incluyen la aprobación de planeamiento urbanístico y la delimitación de 600 aldeas asentadas junto al mar. Consciente de la premura, la Xunta subraya su voluntad de colaborar con los ayuntamientos, que ahora tendrán que trabajar contra reloj para hacer en dos años los deberes que tienen pendientes desde hace décadas.

La reforma legislativa facilita la tarea para los 58 concellos que tienen PXOM, en los que están deslindados 255 núcleos tradicionales con 4.000 viviendas. Esos municipios tendrán que solicitar en tres meses la rebaja de la zona de servidumbre de los 100 metros que establecía la redacción original de la ley a los 20 que fija la reforma. El verdadero reto lo tienen los 25 municipios restantes, que deberán dotarse de planeamiento y delimitar otras 600 aldeas en solo dos años. De ese trabajo dependerá cuántas casas de las 8.500 edificadas en esos pueblos consigan superar la criba. La Xunta espera que los concellos regularicen unas 4.000, lo que dejaría fuera de la ley 4.500. En ese escenario más difícil están concellos como Vilaboa, donde el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, se reunió ayer con afectados. Les comunicó que les toca «poñerse a traballar» para «aproveitar a oportunidade» que brinda la ley.

En dominio público

Pero, además de las construcciones en zona de protección de costa, la reforma también da oxígeno a las que se encuentran en el dominio público marítimo-terrestre, y como tales están sujetas a una concesión del Estado. El municipio más beneficiado es Moaña, donde la reforma deja fuera del dominio público 93 viviendas edificadas en zona urbana antes de la entrada en vigor de la ley, en 1988. De este modo, quedan dentro del suelo del Estado 424 casas en Galicia (198 en Pontevedra, 188 en A Coruña y 38 en Lugo), que verán prorrogada la concesión por un plazo máximo de 75 años.

De esa ampliación también se beneficiarán 367 actividades empresariales, de las que 21 son hoteles. Aunque la principal incógnita de la reforma en lo que atañe al dominio público es si Ence será una de esas empresas favorecida por una prórroga de la concesión para continuar en su actual emplazamiento en la ría de Pontevedra. Feijoo no quiso cerrar ayer ninguna puerta. Ni aseguró que la pastera tendrá que abandonar esa ubicación en el 2018, ni garantizó que seguirá en ella después. A preguntas de los periodistas, el presidente de la Xunta dijo que su Gobierno «evaluará moi polo miúdo esa decisión, despois de escoitar ás institucións democráticas, ás institucións de Pontevedra, aos sindicatos, aos axentes sociais».

Feijoo reiteró que la reforma de la Ley de Costas no plantea una «prórroga automática» de la concesión, aunque dejó una puerta abierta: «Vamos ver que din as institucións, que oferta Ence, que melloras económicas está disposta a facer a empresa e, con toda esta información, a Xunta decidirá». Matizó así el compromiso de salida de la pastera de su emplazamiento en la ría pontevedresa en el 2018 que llevó a sus programas electorales del 2009 y del 2012.

El PSdeG acusa al presidente de la Xunta de perpetrar «un gran engano a Galicia e a Pontevedra» y apuntó a las presiones de Louzán para blindar la continuidad de Ence en la ría otros 75 años.

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