La declaración de soberanía suspendida por el Tribunal Constitucional tiene una trascendencia simbólica y política indudable. No en vano considera a Cataluña «un sujeto político y jurídico soberano». «Es un gesto político muy serio, que muestra el profundo malestar que siente una parte importante de la sociedad catalana», señala el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona Xavier Arbós. Fue la plasmación en la cámara del desafío soberanista del gobierno de Artur Mas, sostenido por ERC, al que se adhirieron ICV y la CUP.
La reacción de Mas tras conocer la decisión no deja lugar a dudas: va a seguir adelante, como si no hubiera pasado nada, ya que considera que le avalan las urnas, pese al batacazo que sufrió en las últimas elecciones, que convirtió en un plebiscito sobre su apuesta soberanista. Ni las promesas de Rajoy de mejorar la financiación de Cataluña ni la relajación de su objetivo de déficit asignándole uno a la carta van a frenarlo. De hecho, el Parlamento catalán se basó en la resolución suspendida para aprobar el mismo miércoles la creación de una comisión sobre el derecho a decidir. No está dispuesto a congelar el proceso, ya que constituye el meollo de su programa y la base del acuerdo con ERC.
Irrenunciable
Cataluña está en una situación económica crítica, pendiente de aprobar unos presupuestos donde habrá más recortes. Ante este panorama desolador, Mas ha optado por la huida hacia adelante. La consulta es irrenunciable, aunque Duran reitere que se hará dentro de la legalidad. Tendrá que explicar cómo. «El referendo no tiene ninguna viabilidad constitucional», mantiene Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo y académico. «Aunque sea consultivo no se puede preguntar sobre una cuestión que es inconstitucional, hay que modificar la Constitución y para eso se tienen que pronunciar el pueblo español», añade.
En esta coyuntura, el PSC se ha vuelto a quedar en tierra de nadie. No votó a favor de la resolución de enero, pero promovió otra a favor del derecho a decidir. Anteayer respaldó la constitución de la comisión sobre la consulta, al tiempo que pedía a CiU y ERC que no se salieran de la legalidad. Pere Navarro se sintió «profundamente decepcionado» al comprobar que la cumbre sobre el derecho a decidir que Mas convocó el pasado lunes era «solo un instrumento para avanzar hacia la independencia». ¿No se había enterado hasta entonces? Ese mismo día se publicó una carta de Carme Chacón a Navarro para que se desvinculara «abierta y rotundamente de cualquier iniciativa de ruptura con España».
¿Hacia dónde conduce el desafío de Mas? «Creo que el Gobierno mantendrá la misma línea sin ceder en la convocatoria de un referendo; la aplicación de la suspensión de la autonomía, prevista en la Constitución, no la descarto, pero tiene tal coste político que solo la concibo como último recurso», afirma Arbós.