El juez Castro pide a Torres detalles de la reunión con Barberá y Camps en Zarzuela

Melchor Sáiz-Pardo / Colpisa COLPISA

ESPAÑA

Solicita «sin merma de sus derechos como imputado» que le indique «día y hora de la reunión»

10 may 2013 . Actualizado a las 00:10 h.

El juez del caso Nóos, José Castro, quiere saber si, como afirma Diego Torres, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el entonces jefe de Gobierno autonómico, Francisco Camps, se reunieron en el palacio de la Zarzuela con Iñaki Urdangarin y su socio. Un encuentro del que, siempre según la versión que dio Torres el pasado febrero en el juzgado, se pactó la adjudicación a dedo al Instituto Nóos de la organización de los «Valencia Summits», los tres encuentros deportivos-empresariales de 2004 a 2006 por los que el yerno del Rey y su socio se embolsaron más de tres millones de dinero público.

En una providencia fechada hoy, el instructor reclama a Torres todos los datos que recuerde de aquel supuesto encuentro, que debió tener lugar a principios de 2004. Castro quiere conocer la hora y el día de la de la reunión, «a ser posible día de la semana», si Camps y Barberá aprovecharon un acto oficial en el palacio para ese encuentro, qué temas se trataron y qué dijo cada uno de los asistentes, «orden de llegada» de los participantes a esa cumbre informal, «y si lo hicieron juntos o por separado», y «a qué tipo de control o registro fueron sometidos a su entrada y salida».

En su día el juez solicitó a la Zarzuela el libro de visitas, pero la respuesta que no existía tal registro.

Torres sostiene que fue en ese encuentro en el que los dos gobernantes del PP dieron el visto bueno, sin ningún tipo de informe o consulta, a los «Valencia Summits», después de que Urdangarin presentara una lista de posibles patrocinadores. Tanto el duque de Palma, en sede judicial, como el entorno el expresidente valenciano negaron ese encuentro. Barberá, por su parte, no llegó a negar que existiera la reunión, aunque siempre ha sostenido que jamás firmó nada ni dio el visto bueno a la contratación con Nóos.

Tanto el juez como el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach llevan semanas valorando la posibilidad de, una vez acabada la instrucción del caso, remitir una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia para reclamar que se instruya una causa por prevaricación contra Barberá, Camps y, al menos, otros cuatro altos cargos de las administraciones de esa comunidad.

Fraude

En esa misma providencia, Castro anuncia que incorpora al sumario las declaraciones sobre la renta aportadas por la Agencia Tributaria relativas a Iñaki Urdangarin, pero no las de la infanta Cristina, ya que está pendiente de que se resuelvan los diferentes recursos, entre ellos los de la propia hija del Rey, contra la decisión de abrir una investigación fiscal que abarca la última década.

El pasado martes la Audiencia Provincial dejó en suspenso la imputación de la duquesa, pero dejó abierta la posibilidad de permitir su declaración si se confirma que pudo incurrir en fraude fiscal y en blanqueo de capitales.

Castro, que aún no ha recibido ese auto, quiere tomarse unos días antes de tomar una decisión sobre la investigación tributaria de la esposa de Urdangarin.

No obstante, este jueves el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, avanzó que ve motivos para que la infanta Cristina pueda ser citada a declarar como «beneficiaria a título lucrativo» del desvío de fondos del Instituto Nóos, aunque no cree que haya suficientes indicios para imputarla por los mismos delitos que a su marido, esto es malversación, falsedad o prevaricación, entre otros.

El responsable de Antifraude insistió en que no hay pruebas para que la infanta pueda ser imputada por el desvío de fondos públicos a bolsillos privados porque no consta que colaborara ni «espoleara» a su marido para cometer ese delito, pero sí que podría ser citada en calidad de de responsable civil a título lucrativo, por lo que debería responder de una eventual condena económica a Urdangarin.

Entretanto, Horrach aprovechó su intervención en un juicio ajeno al caso Noos para defenderse de forma irónica de las críticas de Juan Jiménez Vidal, el magistrado discrepante de la Audiencia Provincial.

Jiménez le reprochó que violara el principio de igualdad al no apoyar la imputación de Cristina de Borbón. El fiscal, refiriéndose a varias esposas de imputados que no han sido procesadas en este sumario, ironizó: «Quizás, y pensando en otros casos, sí deberían haber sido imputadas por el principio de igualdad».