La gran mayoría de los contratos de Esperanza Aguirre con la Gürtel fueron irregulares

La inmensa mayoría de contratos firmados por los gobiernos que presidía Esperanza Aguirre con la trama Gürtel para la organización de actos y eventos institucionales fueron irregulares. Así lo desvela un pormenorizado informe de 95 páginas remitido al juez Pablo Ruz por la Unidad de Auxilio Judicial, que apunta que la práctica totalidad de consejerías del Ejecutivo regional, con la Vicepresidencia de Ignacio González a la cabeza, contrataron a empresas de Francisco Correa saltándose la ley, fraccionando contratos para evitar el concurso público o pagando facturas sin que siquiera figurara el trabajo o el servicio realizado.

Según el estudio que firma el interventor del Estado, Juan Carlos Gómez Condado, a petición del magistrado Ruz, un total de 15 empresas de Correa que organizaron actos entre 2004 y 2008 se llevaron del Gobierno de Aguirre un total de 6.484.080 euros gracias a 686 adjudicaciones, de las cuales 657 fueron tramitadas como contratos menores para evitar el concurso público.

Por el procedimiento de estas adjudicaciones de pequeños trabajos a dedo, la trama Gürtel consiguió más de 5,3 millones de euros. «De forma habitual -explica el informe- el objeto del contrato ha sido fraccionado en varios servicios siempre de cuantía inferior a los 12.020 euros con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requerimientos de publicidad y concurso». Auxilio Judicial asegura haber «acreditado» que el Gobierno de Aguirre recurrió a la partición de contratos para poder dar a dedo las adjudicaciones a Correa en 114 actos y eventos institucionales. Según los cálculos del interventor, al menos 3,1 de los 5,3 millones, el 69% del total, que cobraron las empresas Gürtel por estos trabajos fueron fraccionados.

Irregularidades en las facturas

Las irregularidades y la falta de supervisión en los pagos son también manifiestas en la emisión de facturas, apunta el informe, que analiza un total de 573 facturas entregadas al juzgado por la Comunidad de Madrid. En 418 de esos documentos solo figuran los «suministros y los servicios prestados pero sin desglosar ni detallar las unidades ni su coste unitario, figurando exclusivamente el importe, el IVA y el total», lo cual contraviene las normas públicas para abonar esos gastos.

«En otras 56 facturas -denuncia Auxilio Judicial- el concepto es totalmente genérico, figurando expresiones como 'importe correspondiente al servicio prestado', 'importe correspondiente a los trabajos realizados con motivo del acto' o 'importe correspondiente al acto celebrado».

Según el interventor, solo 96 de las facturas, el 17% del total, abonadas por el Gobierno de Aguirre a las empresas de Correa cumplieron con la legalidad, ya sí que figura «detallado o desglosado» el suministro o servicio, con los diferentes costes de cada cosa.

Las irregularidades también se extienden a los seis grandes expedientes de contratación que supusieron a la red Gürtel un total de 1.148.271 euros. Dos de ellos fueron adjudicaciones negociadas sin publicidad con una suerte de concurso, que en realidad no fue tal, »dado que en los dos expedientes a las empresas a las que se le solicita oferta son del mismo grupo (el de Francisco Correa). En los otros cuatro casos, también se localizaron multitud de anomalías legales.

En total fueron once las Consejerías que adjudicaron de manera supuestamente irregular a Gürtel. A la cabeza en cantidad de dinero entregado a la trama por actos públicos figura la Vicepresidencia, que entonces ocupaba el actual jefe de Gobierno autonómico, Ignacio González, que adjudicó a Correa 140 contratos por valor de 1.825.917 euros. En segundo lugar está la Consejería de Cultura, Deporte y Turismo, que dirigía el ya imputado en este sumario Alberto López Viejo, que adjudicó a Gürtel 171 expedientes por valor de 1.738.537 euros.

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