Es la institución que más cae en la confianza ciudadana, al bajar su valoración de un 4,89 a un 3,68 en año y medio
04 may 2013 . Actualizado a las 07:00 h.La valoración de la monarquía también está en caída libre. El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas muestra una sensible pérdida de confianza de los ciudadanos en la Corona. La última vez que se incluyó la pregunta, en octubre del 2011, suspendió por primera vez con una nota de 4,89 sobre 10. En un año y medio su credibilidad ha descendido más de un punto, hasta el 3,68, lo que supone un varapalo histórico para la institución que fue desde la transición y durante muchos años la más apreciada por los españoles. La encuesta se realizó entre el 1 y el 8 de abril, una semana en la que el juez José Castro imputó a la infanta Cristina en el caso Nóos.
Además, es la primera vez que los ciudadanos citan a la monarquía entre los problemas más preocupantes del país, lo que resulta significativo, aunque lo hagan en un porcentaje todavía muy bajo (0,9 %) dentro de una lista que incluye más una treintena de rúbricas.
El año horrible
Con esta calificación de 3,86 se sitúa por detrás de la Guardia Civil (5,71), la policía (5,65) y las Fuerzas Armadas (5,21) -las tres únicas instituciones que logran el aprobado-, los medios de comunicación (4,79) y el Defensor del Pueblo (3,94), y por encima de la Iglesia católica (3,56). Los partidos políticos son los peor valorados en el ránking de confianza en las instituciones con una nota pésima (1,83), seguidos por el Gobierno (2,42), los sindicatos (2,45) y el Parlamento (2,53). También obtienen un suspenso rotundo el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial.
Solo los votantes del PP aprueban a la Corona con un 5,09. No así los socialistas, que la suspenden, algo que nunca habían hecho, con 3,8; mientras los de Izquierda Unida la castigan con un 2,18. En todo caso, la Corona es la institución que más baja respecto al barómetro de octubre del 2011. Desde entonces, sobre todo en el último año, su annus horribilis, se ha visto sacudida por diversos episodios que han tenido un impacto muy negativo en la opinión pública, como el caso de Iñaki Urdangarin, el viaje a Botsuana por el que el rey tuvo que pedir perdón en un gesto sin precedentes, la aparición en escena de su amiga, la princesa alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, y la imputación de su hija. Era la primera vez en la historia que un familiar directo del monarca se encontraba en esta situación procesal.
Para tratar de frenar el deterioro progresivo de la imagen de la monarquía y del propio don Juan Carlos, la Casa del Rey pidió al Gobierno que se la incluyera en la Ley de Transparencia, lo que solo dio a conocer inmediatamente después de la imputación de doña Cristina, en la que tendrá un tratamiento especial similar al Congreso, el Senado y el Tribunal Constitucional, pero por primera vez en su historia deberá dar cuenta de todos sus gastos. Las negociaciones están muy avanzadas, a falta de concretar algunos flecos.
Sin embargo, el descenso en la valoración de la monarquía no se ha producido de golpe, aunque se haya acentuado mucho en los últimos tiempos. Durante años, hasta el 2004, fue la institución mejor considerada por los españoles, pero fue cayendo desde el 7,48 de 1995 a un 6,22 en el 2002 y un 5,19 en el 2006, remontó muy poco en el 2010 con un 5,36, hasta el suspenso del 2011.
Deterioro institucional
El paro continúa siendo el principal problema que existe actualmente en España (80,7 %), por delante de la corrupción y el fraude (39,3 %), los problemas de índole económica (36,5 %) y los políticos en general, los partidos y la política (29,4 %).
Todas las variables indican que el descrédito de los políticos y las instituciones va en aumento y alcanza niveles de máxima preocupación. Las formaciones políticas no solo son la institución peor valorada por los ciudadanos, sino también el cuarto problema y ninguno de sus líderes se acerca siquiera al aprobado.
Ante la alarmante y creciente desconfianza de los ciudadanos en las instituciones básicas de la democracia que señala el barómetro del CIS (la jefatura del Estado, el Gobierno, el Parlamento, los partidos políticos y sus líderes, los órganos judiciales), la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría puso sus esperanzas en la Ley de Transparencia y el paquete de medidas contra la corrupción que se pusieron en marcha después del Debate sobre el estado de la nación.