La fiscalía ordena acusar de colaboración con banda armada a dos policías del caso Faisán

Efe MADRID

ESPAÑA

Torres Dulce lo ha ordenado a la Fiscalía de la Audencia Nacional

20 abr 2013 . Actualizado a las 01:47 h.

Los policías imputados por el chivatazo a ETA en mayo del 2006 al final se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional y no en el de un juzgado ordinario de Irún. Y lo harán acusados de colaboración con banda armada. Eduardo Torres-Dulce impuso su criterio al de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y ordenó al fiscal del caso, Carlos Bautista, que acuse al ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés y al exinspector de la Brigada de Información de Álava José María Ballesteros de cooperación con los terroristas, y no solo de revelación de secretos con grave daño para la causa pública, como había defendido hasta el momento el ministerio público en todas sus intervenciones.

En su escrito, Bautista explica que sigue apostando por acusar a los dos imputados únicamente por revelación de secretos, lo que supondría en la práctica que ninguno de los dos pisaría la cárcel, ya que para Pamiés pensaba solicitar una pena de dos años de prisión y cuatro años de inhabilitación para ejercer como policía, mientras que para Ballesteros, que ahora es comisario, reclamaría un año y medio de cárcel y tres de inhabilitación. Pero el propio fiscal del caso revela que hace una «calificación jurídica alternativa», la de colaboración por ETA, «en virtud de lo dispuesto por el artículo 25» del Estatuto del Ministerio Público. Este precepto, que consagra el carácter jerárquico del ministerio público, es el que establece que «el fiscal general del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones».

La «calificación alternativa» impuesta por Torres-Dulce sí que podría implicar la cárcel para los dos agentes procesados si son condenados. En este caso, las penas solicitadas son de cinco años de prisión y once años de inhabilitación absoluta tanto para Pamiés como para Ballesteros. El primero, además, se enfrentaría a una multa de 27.000 euros, mientras que Ballesteros tendría una sanción económica de 21.600 euros.

El juez Pablo Ruz procesó a ambos en dos ocasiones por colaboración con banda armada y revelación de secretos, la última en octubre pasado. En la anterior ocasión, en septiembre del 2011, la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocó el procesamiento. Los magistrados ordenaron a Ruz que continuara la investigación