La policía francesa no ve premeditación en el asesinato por parte de ETA de dos guardias civiles en Capbreton

Los investigadores franceses no encontraron elementos que prueben una premeditación en el asesinato por ETA de dos guardias civiles en Capbreton el 1 de diciembre de 2007, señaló hoy un responsable de la Subdirección Antiterrorista (SDAT) de Francia.

«No tenemos elementos de una concertación» para asesinar a los agentes Raúl Centeno y Fernando Trapero por parte de los tres etarras que estaban presentes en el aparcamiento de Capbreton en el que se produjeron los hechos, dijo el capitán de la SDAT Emmanuel Layec ante el Tribunal de lo Criminal de París que juzga el caso.

Layec, antes de puntualizar que tampoco hay pruebas de la ausencia de premeditación, reconoció que ninguno de los testimonios recogidos en la cafetería donde coincidieron los guardias civiles con los terroristas permite concluir que unos u otros se hubieran reconocido allí.

A su juicio, el comando dirigido por el entonces jefe de la logística de ETA Mikel Carrera Sarobe sólo salió de dudas sobre la calidad de guardias civiles de Trapero y Centeno cuando en el aparcamiento registraron el vehículo de los agentes y encontraron sus carnés profesionales.

«Antes de eso, nada nos hace pensar que lo supieran», comentó el oficial antiterrorista, que también descartó «por razones de técnica policial» que los dos asesinados hubieran reconocido a los etarras, ya que en ese caso no se hubieran quedado aparcados durante casi ocho minutos tras salir de la cafetería donde habían coincidido.

Igualmente desechó la hipótesis de que Centeno y Trapero hubieran podido ser seguidos por el trío compuesto por Carrera Sarobe, Saioa Sánchez Iturregui y Asier López de Bengoa -identificado en la cafetería por un peritaje del olor que dejaron en los asientos- ya que los etarras llegaron antes.

La presidenta del tribunal, Xavière Simeoni, confirmó que en la síntesis de su investigación incorporada al sumario, Layec ya había dejado claro que los etarras decidieron matar a los guardias civiles «sobre la marcha».

El abogado de la defensa Robert Gaston se había esforzado en abonar la idea de la ausencia de premeditación citando un cable de las autoridades estadounidenses, divulgado por Wikileaks, según el cual Washington había sido informado de las conclusiones de la investigación sobre Capbreton del Ministerio español del Interior.

Gaston, aludiendo a ese cable, señaló que para las fuentes españolas «no parece que este hecho sea premeditado», sino que «es probable que sea consecuencia de un encuentro fortuito».

La retención o no de la calificación de premeditación para este asesinato en la sentencia que se conocerá a finales de la semana próxima tendrá relevancia a la hora de fijar la pena para los tres imputados presentes en Capbreton, para los que la acusación particular tiene intención de demandar la cadena perpetua.

El oficial antiterrorista hizo hincapié en que un acto tan grave y «no planificado» como este crimen «no pudo ser decidido más que por un responsable (de ETA) presente en el lugar de los hechos», en alusión directa a Carrera Sarobe.

Contó que al inicio de las pesquisas, las sospechas se dirigieron al que se considera que entonces estaba al frente del aparato militar, Garikoitz Aspiazu Rubina, «Txeroki» -que también se sienta en el banquillo de los acusados, por otros cargos, pero no el de asesinato- pero diversas pruebas lo descartaron, en particular tras su arresto en noviembre de 2008 en los Pirineos franceses.

En cualquier caso, Layec hizo un repaso del recorrido de «Txeroki» en la organización terrorista, en particular desde su entrada en la clandestinidad en noviembre de 2000 tras el desmantelamiento del comando Vizcaya.

Dijo que estuvo al frente del aparato militar desde 2004, que un documento de julio de ese año daba a entender que iba a integrar el comité ejecutivo, la máxima instancia directiva de la banda, y que junto a Carrera Sarobe dos años después mantuvo una batalla -que ganó- por el control de la cúpula de ETA frente al que era el jefe político, Francisco Javier López Peña, «Thierry», muerto en detención el mes pasado en París.

Layec también consideró a Aspiazu Rubina el «responsable político del atentado de Barajas» que causó la muerte a dos personas el 30 de diciembre de 2006 en el aeropuerto de Madrid.

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