El grupo parlamentario socialista asume los postulados del decreto de la Junta de Andalucía
13 abr 2013 . Actualizado a las 04:37 h.El grupo parlamentario socialista ha incluido entre las enmiendas que ha presentado al proyecto de ley sobre desahucios que tramita el Congreso varios aspectos del decreto ley andaluz que aborda este mismo asunto, entre ellos la expropiación de viviendas vacías propiedad de personas jurídicas.
Según ha señalado a los medios la diputada socialista Leire Iglesias, su grupo considera que la propuesta andaluza es «jurídicamente correcta, políticamente valiente y justa», y considera que debe incorporarse a la normativa nacional. Las propuestas socialistas asumen los presupuestos de la Junta respecto a la función social de la vivienda y el procedimiento de expropiación forzosa por cuestiones de interés social. Asimismo, incluyen el registro de viviendas deshabitadas y la implantación de un régimen sancionador para aquellas que estén vacías establecido por el Gobierno de José Antonio Griñán.
Por otro lado, piden recuperar el texto de la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre dación en pago y paralización de desahucios para poder debatirlo tal y como lo admitió el Pleno de la Cámara el pasado mes de febrero. Leire Iglesias ha señalado que la unificación de los dos proyectos de ley que abordan el tema de los desahucios decidida por el PP, partido que cuenta con una amplia mayoría, es una «aplicación tramposa» de la legislación que ha supuesto «un verdadero escrache» a la ILP. La diputada ha denunciado que con la unión de los proyectos, que ha dado como resultado un texto nuevo, se ha impedido un trámite de enmiendas formal.
Las propuestas socialistas, que el grupo ha registrado hoy en la Cámara, recuperan también todas las enmiendas que ya presentó el PSOE al primer proyecto de ley sobre desahucios que entró en el Congreso. Entre éstas figuran la elaboración de una ley de segunda oportunidad para renegociar las deudas y evitar la pérdida de la vivienda, la paralización de los procedimientos de desahucio en marcha y la introducción de todas las demandas planteadas por la abogada de la UE para adaptar la normativa española hipotecaria a la legislación comunitaria de protección a los consumidores.
La vicepresidenta pide a la Jungta que explique qué añade su decreto
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha retado a la Junta de Andalucía a que explique qué aporta su iniciativa de expropiar temporalmente viviendas para evitar los desalojos. «Tras ese decreto -ha explicado la vicepresidenta-, las familias que estén en situación de especial vulnerabilidad en los términos que establece la ley», es decir, que estén en riesgo de exclusión social, «no pueden ser sacadas de sus casas durante dos años».
La vicepresidenta ha señalado que la norma andaluza habla de expropiar temporalmente las viviendas para evitar los desalojos de personas en riesgo de exclusión social y ha recordado que son precisamente esas personas las que no pueden ser desahuciadas, según se establece en el decreto aprobado por el Gobierno, «una norma con rango de ley nacional». Es más, ha destacado que los criterios que utiliza la Junta de Andalucía para considerar a una familia en riesgo de exclusión social son los mismos que los del Estado, que los ingresos de esas personas o unidades familiares no superen 3 veces el IPREM, es decir, 1.597,53 euros mensuales, lo que equivale a 19.170 euros anuales. Pero el real decreto va mas allá, ha recordado, ya que dice que el límite podrá ser de hasta 4 o 5 veces en casos de especial vulnerabilidad».