Sáenz de Santamaría ha confirmado que hace dos meses que el Ejecutivo mantiene «contactos» con la Casa del Rey
06 abr 2013 . Actualizado a las 01:13 h.El Gobierno va a debatir con las fuerzas políticas cómo incluir en la nueva Ley de Transparencia a la Casa del Rey, pero debido a las particularidades derivadas del hecho de que no se trata de una administración pública más, tendrá un tratamiento similar al de las Cortes o el Poder Judicial.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha confirmado hoy en rueda de prensa que hace dos meses que el Ejecutivo mantiene «contactos» con la Casa Real para abordar su inclusión en la nueva normativa, algo que la Jefatura del Estado ve con «buenos ojos» y para lo que tiene «máxima disposición».
La Casa del Rey, ha insistido, «manifestó desde el primer momento su voluntad de encontrar una fórmula para someterse a esa Ley de Transparencia», ha explicado la vicepresidenta, una vez que el Congreso aprobó una resolución a favor del sometimiento de todas las instituciones, tras el debate del estado de la nación. Ello se ha traducido en que han trabajado intensa y «activamente» y con «absoluta colaboración» desde la Jefatura del Estado. Eso sí, Sáenz de Santamaría ha hecho hincapié en que al no ser una administración pública, tiene que incluirse «de una manera similar o con un tratamiento equivalente» al que tendrán otras instituciones del Estado, en referencia al Parlamento, el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial. Y en ello se está trabajando en los últimos meses, en unas conversaciones de cuyo resultado va a informar el Gobierno a los grupos parlamentarios la próxima semana. Será el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, quien se encargue de esta tarea, primero con el grupo parlamentario socialista, ha aclarado la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Determinado por la Constitución
Aunque no ha concretado cómo se traducirán las «particularidades» que afectan a la Casa Real en la nueva norma, en tramitación parlamentaria desde el pasado mes de septiembre, sí ha subrayado que su régimen económico viene determinado en la Constitución, concretamente en su título segundo. «Deberemos ajustar el propio contenido de la Ley de Transparencia a sus propias circunstancias y a lo que la misma Constitución señala en su título segundo», ha declarado Sáenz de Santamaría.
También ha apuntado que se trata de encontrar «un sistema» de igual manera que debe hacerse para las otras instituciones que no son administraciones públicas; la ley incluye en este ámbito al Congreso, al Senado, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas, entre otras.
Se da por descontado, como ya había anunciado el PP en su momento, que los gastos de las Administraciones Públicas que prestan servicio a la Casa Real, como el Ministerio del Interior o el de Exteriores, sí estarán sujetos a la Ley de Transparencia dentro del régimen que les corresponda.
Por otro lado, preguntada por el anuncio de las Juventudes Socialistas de Madrid de que se sumará a las próximas movilizaciones en demanda de la III República «por el comportamiento de los miembros de la Casa Real», Sáenz de Santamaría ha emplazado al PSOE a que aclare si comparte esta opinión.
«En su caso tendrá que ser el partido al que pertenece, el que explique su posición, si es esta u otra diferente (..) Las cuestiones de coherencia política le corresponde a cada uno tener que dar las explicaciones oportunas», ha añadido.
Sobre la posibilidad de que en la próxima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se incluya el aforamiento del Príncipe de Asturias, tal y como ha sugerido la Fiscalía, Sáenz de Santamaría ha avanzado que el Gobierno tendrá en cuenta la opinión de esta institución sobre el borrador del proyecto que el Ejecutivo encargó a una comisión de expertos.