El plan de establecer un déficit a la carta divide a las autonomías

Las comunidades se beneficiarán si la UE relaja sus exigencias a España

Miguel Corgos, director xeral de Planificación, y la conselleira de Economía, Elena Muñoz, ayer en el consejo de política fiscal.
Miguel Corgos, director xeral de Planificación, y la conselleira de Economía, Elena Muñoz, ayer en el consejo de política fiscal.

Madrid / La Voz

El Gobierno fijará objetivos de déficit distintos para cada autonomía. El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó ayer crear un grupo de trabajo para estudiar ese nuevo criterio asimétrico a la hora de repartir el déficit. Aunque la propuesta se aprobó por unanimidad de todas las comunidades, en realidad ha abierto discrepancias entre ellas. Y por eso, en teoría, el grupo solo estudiará «otros posibles criterios» diferentes al actual.

Madrid, Castilla y León y Galicia son las más reacias a aceptar ese modelo asimétrico por estimar que perjudicaría a las más cumplidoras frente a las que se desvían de los objetivos. En todo caso, no se tomará ninguna decisión antes de que la Unión Europea confirme la nueva senda de déficit para España, en la que el Gobierno da por seguro que se flexibilizarán las exigencias actuales. En caso de que eso suceda, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, adelantó que la intención del Gobierno es «compartir con las comunidades lo que sería la nueva senda». Es decir, no quedarse con todo el nuevo margen, como ya hizo este año, y ceder una parte a las autonomías.

El consejo aprobó también la creación de otro grupo de trabajo para estudiar las consecuencias del actual sistema de financiación autonómica de cara a la elaboración de un nuevo modelo. Montoro admitió que hay algunas comunidades que quieren una revisión rápida del sistema y otras que no son partidarias de una reforma «rauda». Lo que sí aseguró es que desde el Gobierno se ve de forma «crítica» la financiación actual. Es decir, que ve necesaria su reforma.

El consejero catalán, Andreu Mas-Colell, aseguró que una vez que se fije en Europa la nueva senda fiscal para España, la Generalitat negociará bilateralmente con el Gobierno su objetivo de déficit. Y dio por hecho que Cataluña tendrá un objetivo menos estricto que el actual.

El Gobierno adelantó que de las 525 empresas públicas que se comprometieron a suprimir, las comunidades, han cerrado solo 229 y otras 248 están en proceso de extinción. Galicia es la que más ha suprimido. De las 46 previstas, ha cerrado 38 y tiene otras 7 en proceso de extinción.

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