Galicia cerró 38 de las 46 empresas públicas que se comprometió a suprimir

ESPAÑA

Gobierno y comunidades fijarán objetivos de déficit asimétricos entre comunidades y estudiarán la reforma de la financiación

21 mar 2013 . Actualizado a las 20:05 h.

El Gobierno ha dado a conocer durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se está celebrando esta tarde las cifras de reducción de empresas públicas llevado a cabo por las comunidades. Según esos datos, a 1 de octubre del 2012 las autonomías habían reducido ya el 90,86% de las empresas públicas que se habían comprometido a suprimir. Estos procesos de extinción de entidades producirán un ahorro de más de 1.500 millones de euros en el período 2011-2013. La Xunta se había comprometido a reducir un total de 46 empresas públicas y, según el Gobierno, a 1 de octubre del 2012 había suprimido ya 38 y tenía otras 7 en proceso de liquidación. Además, las comunidades han añadido un compromiso adicional de reestructuración que afecta a otras 161 entidades.   

Durante la reunión, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado la creación de dos grupos de trabajo. Uno para fijar por una parte los nuevos criterios de reparto de déficit de las comunidades, que tendrán al contrario que ahora carácter asimétrico, y otro para evaluar el funcionamiento y las deficiencias del actual sistema de financiación autonómica para estudiar su reforma y la aplicación de un nuevo modelo, que deberá entrar en vigor durante el 2014. En el arranque de la reunión entre el Gobierno y los representantes de las comunidades autónomas, que continúa en este momento, Montoro ha agradecido a las comunidades el esfuerzo de contención del gasto y de aplicación de mayores impuestos, que ha permitido reducir drásticamente el déficit del año 2012 hasta dejarlo en el 1,73%. Algo que calificó como «un gran logro». «Demuestra que el Estado de las autonomías es fiable y viable, aunque hay que seguir profundizando». Eso permitirá, según el ministro, aumentar el nivel de confianza en la economía española y supone un «paso decisivo» hacia el final de la crisis.