Francisco Javier Gómez Bermúdez, el actual titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, ese que desde que el ministerio que dirige Jorge Fernández Díaz dejó sin coche oficial a la mayoría de la plantilla de la casa, acude a diario a su trabajo en una moto de gran cilindrada, se encuentra de nuevo en el centro del foco mediático muy a su pesar.
En esta ocasión su delito ha sido adoptar una resolución que entra de lleno en sus competencias: admitir a trámite la querella de Izquierda Unida por los papeles de Bárcenas. Una querella que, a juicio de fuentes judiciales nada sospechosas de ser parte interesada, se ciñe a unos muy aspectos concretos del tema que estaban siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción, pero no judicializados hasta que él asumió provisionalmente esa querella.
Esa admisión a trámite, que forzosamente es coyuntural y que es probable que acabe en una inhibición en favor del instructor de la causa principal del caso Gürtel, ha sido la coartada utilizada por aquellos interesados en hacer de la investigación del Gürtel una causa general interminable que lleva cuatro años en fase de investigación y en la que, al menos hasta la fecha, el único condenado es su primer instructor.
Pero esta no es la primera ni será la última arremetida mediática contra un juez que tras la sentencia sobre los atentados del 11-M, de cuya sentencia fue ponente y en la que desmontó la conocida como teoría de la conspiración, cayó en desgracia para el actual partido en el Gobierno -entonces en la oposición- y para muchos de sus afines y simpatizantes.
No siempre fue así. Salvador Francisco Javier Gómez Bermúdez, ese juez malagueño cincuentón, con 26 años de carrera judicial sus espaldas, 14 de ellos en la Audiencia Nacional, afiliado a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), contó durante años con un decidido apoyo del partido en el Gobierno.
Con el respaldo de los vocales próximos al PP, entonces mayoritarios en el Consejo General del Poder Judicial, llegó en el 2004 a presidente de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, puesto en el que fue confirmado en tres ocasiones, a pesar de que en dos de ellas su nombramiento fue anulado por el Tribunal Supremo. ¡Fueron otros tiempos!