Pinchazos telefónicos revelarían trato de favor a dos empresas en Santiago

La jueza del caso Pokémon envió a prisión al gerente de Aquagest en Compostela


lugo / la voz

Los pinchazos telefónicos ordenados por la jueza Pilar de Lara, que desde Lugo instruye la segunda fase de la operación Pokémon, revelarían que desde el Ayuntamiento de Santiago hubo un trato de favor hacia las empresas Aquagest y GRS ARC, está última una firma catalana que se encarga de la gestión de multas. A descubrir ese supuesto privilegio se orientaron las preguntas de la jueza a los cinco detenidos que declararon ayer en el juzgado lucense, un día después de su arresto en Santiago.

A última hora de la noche concluía el interrogatorio al concejal de Tráfico de Santiago, Albino Vázquez Aldrey (PP), quien habría negado haber recibido regalos de las citadas empresas a cambio de favores, y que no le constaba que los hubiese recibido nadie del gobierno local. Ante esas respuestas, la jueza no tomó anoche una decisión sobre Albino Vázquez a la espera de conocer la versión de Ángel Espadas, que entró en su despacho pasadas las diez y media de la noche. La declaración de Espadas, que fue asesor del exalcalde Gerardo Conde Roa, será clave para conocer su inmediato futuro y el del concejal de Tráfico, a quien se le imputarían al menos los delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Ese futuro lo conoció antes el gerente de Aquagest en Compostela, José Luis Míguez, que fue el primer encarcelado de la operación Manga, como así se denomina esta segunda fase del caso Pokémon. A media tarde de ayer ingresó en la prisión de Bonxe porque así lo estimaron la jueza y el fiscal del caso al considerar que pudo haber incurrido al menos en tres delitos: cohecho, malversación y tráfico de influencias. Otros detenidos que declararon a primera hora de la mañana y de la tarde quedaron en libertad. Todos los arrestados en Galicia llegaron ayer al juzgado lucense con la cara tapada por prendas, intentando ocultarse de las cámaras. El único que se presentó a cara descubierta y que además compareció ante los numerosos periodistas tras quedar en libertad después de ser interrogado por la jueza, fue el presidente del PP del municipio asturiano de San Martín del Rey Aurelio, Joaquín Fernández Díaz.

Jesús Fuentes, promotor de espectáculos en Santiago, también quedó libre, pero abandonó el juzgado con la cara tapada con la capucha del abrigo que vestía. Para la salida contó con la colaboración de agentes de Vigilancia Aduanera, que lo sacaron en el asiento trasero de un vehículo oculto bajo la capucha. Su abogada explicó que se había mostrado tranquilo y, sobre todo, dispuesto a colaborar con la Justicia. «¿Se considera inocente?», le preguntaron. «La respuesta es obvia», respondió la letrada. La jueza estima que Fuentes pudo haber incurrido en un presunto delito de tráfico de influencias y, por eso, quiere que se presente a mediados de cada mes en un juzgado.

José Luis Míguez, gerente de Aquagest en Santiago, fue llamado por la jueza sobre a la una menos cuarto de la tarde. No declaró nada, y tres cuartos de hora después ya se conocía que su destino sería la cárcel de Bonxe. Su abogado, que horas antes había tratado de pasar desapercibido diciendo que era amigo del detenido, anunció que presentaría un recurso contra el auto de prisión. Luego dijo que no declarar era «la mejor defensa» cuando no se conocían los hechos por los que se le imputa.

El asturiano Joaquín Fernández, que fue hace tiempo representante para Asturias de Aquagest, quedó libre con cargos. Habló con los periodistas y dijo que tenía la conciencia tranquila: «Solo tengo multas de tráfico». En cuanto a una posible dimisión como presidente del PP de San Martín del Rey Aurelio, precisó que estaba a disposición del partido.

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