El Congreso aprueba revisar derechos de alumnos y reforzar la autoridad del docente

La oposición critica que se continúe con los recortes en educación


El Congreso ha aprobado hoy una iniciativa del PP encaminada a revisar los derechos y deberes de los alumnos y establecer un procedimiento efectivo que apoye la autoridad del profesorado, propuesta que ha contado con el voto contrario de los demás grupos excepto de UpyD, que se ha abstenido.

La diputada popular Sandra Moneo ha defendido que se trata de una Proposición no de ley (PNL) que resume «una inquietud» constatada en los últimos años respecto a si los alumnos reciben las enseñanzas en un clima adecuado o si el profesorado tiene los instrumentos necesarios para ejercer su labor con normalidad.

Ha destacado que «una regulación tan importante no puede quedar al arbitrio» de cada CCAA o de los centros educativos, como ocurre ahora, sino que se debe homogeneizar al ser unas cuestiones que «afectan a todos».

Moneo, que ha rechazado todas las enmiendas presentadas, ha afirmado que el profesor «no es uno más en la clase, es la autoridad», y por ello es necesario que el estatuto docente contemple su figura como autoridad publica y que la Administración garantice su adecuada protección y asistencia jurídica.

Sanción de las actuaciones irrespetuosas

La iniciativa popular apuesta por renovar la actual regulación de 1995 y en su texto se dice que se debe reforzar «el carácter educativo que deben tener todos los procesos y las acciones que se emprendan para prevenir, corregir o sancionar las actuaciones inadecuadas o irrespetuosas».

Desde el Grupo Izquierda Plural (GIP), Caridad García ha criticado al PP de preocuparse solo de la «disciplina y la mano militar de los profesores y la sanción» y de achacar a las nuevas tecnologías como los móviles el problema de convivencia en las aulas.

Los recortes en educación, especialmente en clases compensatorias y los problemas económicos y sociales actuales son para el GIP la causa de muchos de los problemas de convivencia que se pueden producir en los colegios.

Martí Barberá (CiU) ha asegurado que esta PNL supone una «invasión competencial» porque se niega a la educación la diversidad territorial, de capacidades o iniciativas.

Desde CiU se ha preguntado también al Gobierno si «dudan de las capacidades de la comunidad educativa que hace las normas sobre los móviles».

Para el PSOE, el PP ha despreciado al Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar creado por un Gobierno socialista, ya que no se ha convocado ni una sola vez, y se ha pedido que dicho organismo haga un informe de la actual situación.

Recortes en educación

Además, ha sostenido que esta PNL demuestra «incoherencia» porque si «tan preocupados» están en el PP por el clima en las aulas por qué recortan 1 euro de cada 3 en educación, descienden el número de profesores o aumentan el ratio de alumnos por clase.

La diputada Isabel Sánchez (PNV) ha señalado que la materia sobre la que versa esta iniciativa ya se encuentra regulada de forma «certera y legítima» en el País Vasco.

Carlos Martínez Gorriarán (UPyD) se ha abstenido al defender que es preferible hablar de este tema en la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

Por el Grupo Mixto, Enrique Álvarez Sostres ha comentado que se trata de un tema competencial de las CCAA, y la diputada de Amaiur, Maite Ariztegui, ha dicho que se trata de «una vuelta a la letra con sangre entra».

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