Los indultos, una herencia del absolutismo

Los gobiernos de la democracia han concedido un promedio de 500 indultos anuales, la mayoría contra el criterio del tribunal sentenciador


redacción / la voz

Esta prerrogativa regia, según explica el también magistrado del Supremo, Joaquín Giménez, en la práctica, la ejerce el gobierno de la nación y «supone una excepción al principio de exclusividad de la jurisdicción que la Constitución atribuye al Poder Judicial en el doble y fundamental aspecto de juzgar y de hacer ejecutar lo juzgado, es decir, cumplir las penas impuestas». «Unas penas -enfatiza- que se imponen para ser cumplidas, salvo que existan concretas razones excepcionales que puedan justificar la no ejecución de lo juzgado».

Los sucesivos gobiernos de la democracia no se han recatado a la hora de hacer uso de esta prerrogativa y no siempre lo han hecho atendiendo a criterios objetivos de justicia, equidad y utilidad pública, que es lo que se establece en el artículo 11 de la Ley de Indulto.

Los datos son elocuentes: bajo el mandato de los tres últimos presidentes de gobierno -Aznar, Zapatero y Rajoy- han sido indultados 226 condenados por corrupción, 107 por malversación, 25 por prevaricación y 16 por cohecho.

De estas medidas de gracia, concedidas en muchos casos con flagrante arbitrariedad, se han beneficiado a lo largo de las últimas décadas, militares golpistas del 23-F, condenados por el caso Filesa y por los crímenes de los GAL, jueces prevaricadores, y terroristas, aunque cuantitativamente los más beneficiados son los condenados por los delitos más habituales: contra el patrimonio, salud pública, integridad física y falsedades y, en menor medida los condenados por falsedades, fraude fiscal, seguridad vial y violencia doméstica.

La media de 500 indultos por año desde la reinstauración de la democracia la rompe Aznar, que en los ocho años de mandato concedió 5.948, de ellos 1.731 en el año 2000, el último de su primera legislatura.

De los 3.378 concedidos por los gobiernos de Rodríguez Zapatero, el más polémico fue el que otorgó al presidente de Banesto, Alfredo Sáenz cuando su gobierno ya estaba en funciones. El banquero había sido condenado a tres meses de arresto e inhabilitación para el ejerció de su profesión.

Pero los mayores escándalos derivados de la aplicación de esta polémica prerrogativa se produjeron desde la llegada de Ruiz-Gallardón al Ministerio de Justicia. El más sonado fue el otorgado por duplicado a cuatro agentes de la policía autonómica de Cataluña para evitar su ingreso en prisión y separación del servicio tras ser condenados vejaciones torturas y lesiones a un detenido por error.

Esta decisión provocó una fortísima reacción por parte del Poder Judicial que se materializó en un manifiesto firmado por 200 jueces, dos de ellos del Supremo, que calificaron la decisión de «menosprecio a los miles de agentes que cumplen a diario sus funciones democráticas», al tiempo que «dinamita la división de poderes y usurpa el papel del Poder Judicial.

En este contexto el ministro de las reformas de la Justicia se apresuró a dejar claro que no se iba a cambiar la ley del indulto porque la considera una medida de gracia con una «honda tradición» en nuestra legislación.

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