Urdangarin se apoyó en un asesor del rey para ocultar sus negocios

Melchor Saiz-Pardo / Colpisa MADRID

ESPAÑA

Atlas

Los nuevos correos de Torres implican directamente a la Zarzuela

25 ene 2013 . Actualizado a las 18:40 h.

La nueva andanada de correos electrónicos aportados al juzgado de Palma por el letrado de Diego Torres, Manuel González Peeters, son el más duro golpe a la Casa Real desde que estallara el caso Nóos hace ya quince meses. Hasta cuatro correos apuntan a la implicación directa de la Zarzuela y de uno de los más cercanos colaboradores del rey a la hora de ayudar a Urdangarin a crear la fundación de supuesta ayuda a los niños discapacitados que luego el duque y su socio usaron para enviar centenares de miles de euros a paraísos fiscales.

La Zarzuela siempre ha sostenido que fue la propia Casa Real la que en el 2006 forzó a Urdangarin a romper para siempre con el instituto «sin ánimo de lucro» y con su hasta entonces socio, Diego Torres. Es más, la versión oficial era que el propio asesor personal del rey, José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao, por orden de las más altas instancias de la Jefatura del Estado fue el encargado de supervisar en la primavera del 2006 que el duque no tuviera más negocios con el exprofesor de Esade y que no se aventurara en nuevas fundaciones con prácticas irregulares.

Sin embargo, los nuevos documentos revelan que el conde de Fontao, lejos de apartar a Urdangarin de esas malas prácticas, fue la persona que supervisó, ayudó y visó personalmente en el 2006 y el 2007 la transformación de Nóos en la Fundación Deporte Cultura e Integración Social (FDCIS). Una entidad que sobre el papel debía ocuparse de niños discapacitados, pero que en realidad se usó para evadir casi un millón de euros a paraísos fiscales a través de un complejo entramado societario que pasaba por Belice, Reino Unido, Panamá, Andorra y, finalmente, Luxemburgo.

El primer dato comprometedor para el asesor externo de la Casa Real desde 1993 está fechado la noche del 14 de diciembre del 2006. Urdangarin, en teoría, hacía más de medio año que, por orden del rey había roto con Torres, pero nada más lejos de la realidad. Ese día, el duque de Palma escribe a su todavía socio para darle cuenta de las novedades en la creación de FDCIS y como toda la operación tiene supuestamente el visto bueno del conde de Fontao, quien se está encargando de convertir la fundación Areté, la sucesora de Nóos, en FDCIS. Luego, el yerno del rey revela a Torres que el conde de Fontao se está implicando en la puesta en marcha burocrática de FDCIS.

En un segundo correo, el 25 de febrero del 2007, el duque pregunta al conde «qué tal van los temas del registro [de FDCIS]». La respuesta del asesor real, al día siguiente, revela que Romero está al tanto de todo y participa de forma activa en la sucesión de ambas instituciones: «Tengo la buena noticia de que se inscribió [FDCIS] el 14 de febrero y que en la mañana de hoy ha salido la comunicación al presidente de la fundación». Es más, el hombre de confianza del rey da instrucciones: «Ya se puede disolver Areté y ceder su nombre y su capital a la nueva».

Hay un cuarto correo electrónico igualmente delicado para el asesor de don Juan Carlos. Este tiene fecha del 12 de junio del 2007 y en él la secretaria de Urdangarin, Julita Cuquerella, comenta con Mario Sorribas, apoderado de Aizoon, la empresa de la infanta y el duque, los detalles de una reunión en Madrid en la que van a participar el asesor del rey, Urdangarin y Torres, con el que supuestamente el duque tenía que haber roto un año antes por orden del conde.

No es la primera vez que el abogado de Torres intenta involucrar a la Casa Real en la fundación para niños que Urdangarin usó supuestamente para evadir a paraísos fiscales. En abril, González Peeters ya aireó otros correos en los que el duque informaba a su entonces socio y otras personas de las supuestas gestiones que el jefe del Estado hizo para que FDCIS sacase adelante el «proyecto Ayre», una iniciativa que pretendía que España tuviese un segundo velero en la Copa América del 2009 en Valencia, lo que requería una inversión de unos cien millones.