Máxima tensión entre Convergència y Unió tras el ataque a Durán Lleida

El partido de Artur Más culpa al líder de Unió del fracaso electoral de CiU

Colpisa

Máxima tensión en el seno de CiU en la víspera de que el Parlamento catalán apruebe una declaración histórica a favor del derecho a decidir.

Las negociaciones para consensuar un texto con ERC y con ICV, el propio proceso soberanista y el acuerdo de gobierno con Esquerra han levantado ampollas en la federación nacionalista, que este martes llevó hasta el límite la relación entre ambas formaciones. El exconseller Lluís Recoder aseguró la semana pasada que las divergencias entre CDC y UDC podían hacer peligrar la coalición. Hablaba de aquí a un año y por tanto se quedó corto, porque este martes, después de más de 30 años de alianza, por primera vez en mucho tiempo se contempló en público la posibilidad de una ruptura.

La gota que colmó el vaso fue una resolución aprobada el lunes por la agrupación de Convergència en Barcelona, en la que culpó al líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, del fracaso electoral de CiU, le acusó de perjudicar la imagen y la cohesión de la federación e instó a la dirección de Convergencia a tomar medidas urgentes contra Duran.

Artur Mas evitó recriminar a sus compañeros el ataque a Duran, de ahí que desde Unió salieron este martes en tromba y, lejos de lavar la ropa sucia dentro de casa, no tuvieron reparos en amenazar con el divorcio.

«Si no les gusta la federación, que planteen a los órganos competentes de su partido la denuncia del acuerdo de la federación», desafió el secretario genera de Unió, Josep Maria Pelegrí. La portavoz de la formación democristiana tampoco se mordió la lengua y le pidió al partido de Mas que se «preocupe por el embargo de la sede».

La guerra viene de lejos. Desde Convergència llevan meses criticando la posición de Duran, que durante la campaña fue crítico con el proceso hacia la independencia, más tarde puso obstáculos para que CiU y ERC pactaran para la legislatura y luego dejó claro desde el primer día que la resolución soberanista pactada entre CiU y ERC no acababa de gustarle.

El choque es personal, entre Oriol Pujol con Duran, y también hay mucho de enfrentamiento ideológico. Independentistas contra confederalistas, batalla que quién sabe podría dar algún susto en la votación, que este miércoles hará el Parlament. En principio y si al final la sangre no llega al río, la Cámara catalana aprobará, con los votos a favor de CiU, ERC e ICV, es decir, casi dos tercios de los escaños, una declaración que proclamará de forma solemne el derecho de Cataluña a decidir su futuro mediante una consulta popular.

«No se votará si Cataluña debe ser un Estado, sino si tiene capacidad para decidir su futuro»

Las tres formaciones presentaron este martes el texto definitivo de resolución que han consensuado, que afirma que el «pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano». Nunca antes el Parlamento catalán habrá ido tan lejos, a pesar de que ha votado seis veces a favor del derecho de autodeterminación, ya que por primera reconocerá la plena capacidad de Cataluña para tomar decisiones de forma soberana y al margen del Congreso de los Diputados. «No se votará si Cataluña debe ser un Estado, sino si tiene capacidad para decidir su futuro», expresó este martes el president Artur Mas.

Se trata de un texto que no tiene consecuencias jurídicas directas, si bien marca el pistoletazo de salida al proyecto soberanista, la hoja de ruta pactada por CiU y ERC, que fija para 2014 la celebración del referéndum. Como señaló Artur Mas, el año 2013 debe servir para preparar todos los procedimientos formales, jurídicos e institucionales de la consulta: la negociación con el Gobierno central, la construcción de los marcos legales, la creación del consejo nacional para la transición nacional y la defensa del proceso en el exterior. «A partir de 2014 estaremos en disposición de ver cuándo se hace la consulta», dijo Mas.

El referéndum se convocará, según el texto de CiU, ERC e ICV, utilizando «todos los marcos legales existentes». Este es uno de los puntos, además de la definición soberana del pueblo catalán, que ha alejado al PSC de poder suscribir la resolución. Los socialistas plantean una consulta que sea acordada entre los gobiernos central y catalán, en el marco de la legalidad vigente. El PSC decidirá en el último momento si se abstiene o vota en contra del texto de CiU, ERC e ICV. Está por ver además si el PSC logra mantener la disciplina de todos sus diputados o sufre alguna fuga.

La CUP participó en la elaboración de la declaración tripartita, aunque también deja para última hora la determinación de si se abstiene, vota a favor o, como parece, hace ambas cosas.

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