Madrid / La Voz

Unió Democràtica de Catalunya (UDC), partido socio de CDC en CiU, asume que se financió ilegalmente. Pero ni su líder, Josep Antoni Duran i Lleida, ni ningún otro miembro de la dirección tienen intención de asumir responsabilidad política alguna. Y ello, a pesar de que el propio Durán aseguró en el 2000 que presentaría su dimisión si se confirmara la financiación ilegal en la trama Pallerols. La formación llegó el martes a un acuerdo con la fiscalía por el que evita la entrada en prisión a los principales acusados y acepta devolver 388.483 euros como indemnización tras asumir que se apropió de fondos públicos a través de subvenciones de la Unión Europea destinados a la formación de parados.

La oposición acosa

La portavoz de UDC, Marta Llorens, tuvo que hacer esfuerzos para justificar que Duran no dimita. Según su explicación, esos fondos beneficiaron al partido, pero la cúpula de Unió lo desconocía, ya que los culpables actuaron «sin conocimiento» de la dirección. Además, aseguró que estos implicados ya han sido expulsados del partido y que Unió se limita a asumir la «responsabilidad civil subsidiaria» devolviendo los fondos. Destacó que Unió «no está condenada por financiación irregular» y que por tanto Duran no falta a su palabra al descartar la dimisión.

Esas razones no convencieron a la oposición en Cataluña, que reclamó en pleno la renuncia de Duran. El portavoz de ERC en la Cámara catalana, Oriol Amorós, único apoyo parlamentario de CiU, exigió al líder de Unió que sea «consecuente» con su palabra porque esta es el «principal patrimonio que tiene una persona». También el PP, ICV, Ciutadans y UPyD reclamaron que asuma su responsabilidad. El portavoz del PSC, Jaume Collboni, tachó de «tomadura de pelo y falta de respeto» a los ciudadanos las explicaciones de Unió y reclamó a Duran que haga «honor» a su palabra.

El caso parece haber roto toda posibilidad de que Duran haga de puente entre el Gobierno central y la Generalitat para rebajar el grado de enfrentamiento en torno al referendo. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró que los pactos como el alcanzado entre Unió y la Fiscalía «no se deberían producir en política» y reclamó también a Duran que dimita por «coherencia» y «responsabilidad política».

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, defendió sin embargo que la conformidad en los procedimientos judiciales existe «para todos» y negó que haya existido un trato de favor hacia Unió. Torres-Dulce consideró en todo caso «excesivo y escandaloso» que se hayan tardado casi 14 años en instruir el procedimiento, algo que juzgó «inasumible en un Estado de derecho». Según el fiscal general del Estado, esas «circunstancias penosas y escandalosas de dilación del proceso» han supuesto un atenuante que ha obligado a rebajar la condena.

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Duran se atrinchera y no dimitirá por la financiación ilegal de Unió