La jueza busca relaciones de favor entre Ángel Currás y las empresas de Vendex
ESPAÑA
Desde el primer día en que saltó el caso Pokémon, Santiago ha sido uno de los municipios investigados por las adjudicaciones de servicios a empresas del grupo Vendex. En Compostela, las pesquisas se centran en la escuela infantil de Salgueiriños y antes que al alcalde de la ciudad, la jueza imputó primero a un funcionario del servicio de contratación y recientemente a la concejala de Educación, Rebeca Domínguez, y a un funcionario de su departamento.
Domínguez declaró el 20 de diciembre imputada por falsedad documental. Tras su testimonio, la jueza dirigió sus sospechas hacia el regidor, Ángel Currás, y comenzó a buscar posibles favores de Vendex al gobierno local, supuestamente enmarcados en los importantes contratos que el grupo tiene con el Concello. No habían pasado ni 24 horas desde que declarase la concejala, cuando la jueza emitió un oficio exigiendo cuantiosa documentación, entre ella los patrocinios, donaciones o aportaciones que las empresas del grupo investigado hubiesen hecho al Ayuntamiento.
La magistrada investiga si el alcalde de Santiago aprovechó que Vendex tiene esos jugosos contratos por valor de más de dos millones de euros al año para lograr favores de sus empresas. Ya sean aportaciones económicas, patrocinios a actividades municipales o incluso que el grupo hiciese una mudanza en un colegio sin cobrar por ello. De ahí que Currás haya sido imputado por tráfico de influencias. El mismo delito que se achaca a su jefe de gabinete, Francisco Castro, ya que de ambos se sospecha que también indicaron a Vendex qué personas debía contratar en la guardería de Salgueiriños tras habérsela adjudicado al grupo.