Un conflicto con raíces laborales que ha catalizado los males crónicos de la judicatura


Redacción / La Voz

Que la Administración de Justicia en España necesita una revisión a fondo es algo que nadie discute en este país desde hace bastantes años. En el cómo abordarla ya no existe tanta unanimidad. El anterior Gobierno diseñó un plan de modernización plurianual que logró un grado de consenso aceptable entre los distintos operadores judiciales e incluso entre los grupos políticos mayoritarios. Su punto más débil fue su insuficiente dotación presupuestaria.

La llegada de Alberto Ruiz-Gallardón al Ministerio de Justicia generó inicialmente expectativas de continuidad con la obra en marcha, aun dando por hecho que iba a introducir algunas reformas acordes con el programa de su partido. Pero no tardó en dejar claro que su plan era mucho más ambicioso, hasta el punto de que algunos lo tacharon de contrarreforma.

El preámbulo

Un pulso con el CGPJ. El prólogo de sus conflictos con la judicatura fue su injerencia en la crisis suscitada en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por los fines de semana caribeños de su entonces presidente, Carlos Dívar. Hizo todo lo que pudo y algo más para evitar su caída, para tenerlo como aliado en la ejecución de sus planes de reforma del órgano de gobierno de los jueces, que, según objetaban estos, suponía su reconversión práctica en un negociado más del ministerio.

El detonante

Jueces y fiscales, como los funcionarios. La guerra abierta entre el ministro y la judicatura estalló cuando se conocieron los planes gubernamentales de equiparar a jueces y fiscales con los demás funcionarios públicos en el proyecto de «medidas de eficacia presupuestaria en la Administración de Justicia», que, en la práctica, supondrá reducirles de 18 a 12 los días de permiso, nueve de ellos justificados por razones de trabajo, y eliminar la figura del juez interino, asumiendo su trabajo los titulares, a cambio de un plus del 80 % del complemento de destino. La reacción fue la creación de una comisión interasociativa de jueces y fiscales, que es la que está liderando las movilizaciones.

Más leña al fuego

Las tasas sublevan a los abogados. El anuncio de una ley de tasas judiciales aprobada por la vía rápida sublevó a los 125.000 abogados colegiados de este país por lo que tienen de disuasorias, y no para los que hacen un uso abusivo de la justicia, sino para la gran mayoría de los ciudadanos. La protesta de los abogados concitó, de entrada, el respaldo de todas las asociaciones de jueces y fiscales y de una de las dos de secretarios judiciales que existen.

También los usuarios

No a la privatización de servicios. Con los anteriores frentes abiertos, Gallardón lanzó al ruedo su proyecto de poner el Registro Civil, actualmente dependiente de jueces y secretarios, en manos de los registradores de la propiedad. Sindicatos y asociaciones de consumidores denuncian que eso supondrá una «privatización» del servicio y se han sumado a las protestas.

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