Rechazo casi unánime de los ciudadanos al pago de las tasas judiciales de Gallardón

Según el sondeo de opinión encargado por el Consejo de la Abogacía, perjudican fundamentalmente a la clase media


redacción / la voz

El pago de tasas por acudir a la Justicia, que acaba de implantar por ley el Gobierno, no está en absoluto justificado. Son excesivas y exageradas, dificultan la lucha contra la violencia machista, violan el derecho a la tutela judicial efectiva, perjudican a la gran mayoría de la población -la clase media- y no van a contribuir a un mejor funcionamiento de la Justicia. Este es el sentir casi unánime de los españoles, según se desprende del sondeo realizado por Metroscopia, por encargo del Consejo General de la Abogacía, presentado ayer por su presidente, Carlos Carnicer.

Este rechazo masivo de la ciudadanía a la nueva ley de tasas es generalizado y compartido tanto por votantes del PSOE como del PP. Las conclusiones de este encuesta han dado pie al presidente de los abogados españoles para reclamar a Gallardón que «no vuelva a invocar que esta es una cuestión corporativa que no importa a los ciudadanos».

El sociólogo José Juan Toharia, director del estudio, afirmó que de los resultados del sondeo puede concluirse que existe un «clamor popular» contra las tasas judiciales y que se trata de un asunto del que los ciudadanos están muy informados, ya que la respuesta a las mil entrevistas telefónicas, distribuidas proporcionalmente entre el conjunto de la población nacional, ha sido «masiva».

El 83 % de los encuestados opina que no hay razones que justifiquen el pago previo de una tasa por acudir a la Justicia y que, en cualquier caso -para el 79 %- son excesivas. De estos, el 72 % reconocen haber votado al PP.

Para dos de cada tres, no exageran quienes apuntan que esta norma va a dar lugar a una justicia de ricos y otra de pobres, y que el peso de estas tasas recaerá sobre las clases medias.

El 84 % considera que vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva que establece la Constitución y, por tanto, deben ser recurridas ante el Tribunal Constitucional «lo antes posible».

Solo un 11 % de los encuestados -mayoritariamente votantes del PP- comparten el criterio de los promotores de la ley de que esta va a proporcionar ingresos adicionales para financiar mejor la justicia gratuita. La gran mayoría, el 84 %, opina que la obligación de financiar la justicia gratuita es del Estado, no de los propios usuarios de la Justicia pagando tasas.

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