Las familias con menos recursos evitarán el desahucio dos años

La norma entrará en vigor mañana e incluye crear un parque de viviendas de alquiler social


Madrid / La Voz

Tras una semana de intensas pero infructuosas reuniones con el PSOE, el Gobierno aprobó ayer en solitario un decreto ley de medidas urgentes para reforzar la protección de los ciudadanos más vulnerables ante los desahucios. La normativa, que entrará en vigor mañana, pues está previsto que hoy se publique en el BOE, incluye como medida principal una moratoria de dos años para que las familias con menos recursos, en paro o con bebés, menores, dependientes o enfermos a cargo, puedan mantener su casa pese a haber dejado de pagar la hipoteca y estar en fase de desalojo.

La vicepresidenta del Gobierno y el ministro de Economía destacaron ayer que la nueva normativa -que no toca la Ley Hipotecaria, una de las exigencias principales del PSOE y foco del desencuentro- es un primer paso «urgente» que pretende «paliar» la «difícil situación» por la que pasan algunas familias. Añadieron también que aunque incluye las «medidas clave» que el Ejecutivo considera «prioritarias», se tramitará en las Cortes, abierta a las «aportaciones» de todos los grupos.

El punto clave del decreto es la moratoria de dos años para los desahucios. Para acogerse a ella se establecen una serie de condiciones, tanto económicas como sociales, que se detallan a continuación, junto con el resto de medidas:

Condiciones sociales

Las familias más vulnerables. Podrán acogerse a la paralización temporal del lanzamiento (última fase del desahucio) y seguir viviendo sin coste en su vivienda habitual los colectivos más vulnerables, es decir, familias numerosas (a partir de 3 hijos), las monoparentales con dos menores a cargo o las unidades familiares con bebés menores de tres años.

Con dependientes, discapacitados o enfermos. También serán beneficiarios de la moratoria las familias en las que alguno de sus miembros tenga una discapacidad superior al 33 %, una situación de dependencia o enfermedad que le incapacite para trabajar, ya sea de forma temporal o permanente. Se protegerán también las unidades familiares en las que convivan una o más personas con parentesco de hasta tercer grado respecto al titular de la hipoteca o su cónyuge y que esté en situación de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que le impida trabajar.

Parados sin prestación y víctimas de violencia machista. Igualmente podrán acceder a la moratoria las familias en las que el deudor hipotecario esté en paro y haya agotado la prestación por desempleo, así como las víctimas de violencia machista, si la vivienda objeto de desahucio es la habitual.

Umbrales de exclusión

Un límite de ingresos de 19.200 euros anuales. Junto con las condiciones sociales que deben cumplir los potenciales beneficiarios, se establecen unos baremos económicos. Así, los ingresos familiares no podrán exceder tres veces el indicador público de rentas de efectos múltiples (Iprem), que este año asciende a 532 euros al mes, de forma que la renta familiar máxima será de 1.597 euros mensuales o 19.200 anuales. Este fue otro de los puntos de fricción con el PSOE, que reclamaba elevar el umbral de corte a los 22.000 euros anuales.

Incremento de la hipoteca. Otra de las condiciones de obligado cumplimiento es que la familia haya sufrido un incremento «significativo» de la hipoteca -al menos 1,5 veces en los últimos cuatro años- debido a la crisis, y que la cuota hipotecaria supere el 50 % de los ingresos netos de la unidad familiar.

Fondo social de alquiler

Parque de viviendas. El decreto incluye también, como explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, un mandato para que el Ejecutivo cree de manera «urgente» un Fondo Social de Viviendas, consistente en un parque de pisos en alquiler -a rentas «bajas y razonables»- destinados a personas que hayan perdido su casa. El ministro de Economía, Luis de Guindos, apuntó que dichas viviendas serán las adjudicadas por impago a las entidades bancarias, «incluidas las del FROB», aunque dejó en el aire cuántas integrarán ese parque en alquiler, cuándo se pondrá en marcha y quiénes podrán acceder a ellos.

Medidas futuras

En la tramitación parlamentaria. Sáenz de Santamaría insistió en que lo contenido en el decreto eran las medidas «urgentes», pero que durante su tramitación parlamentaria se abordarán otros asuntos, como el establecimiento de nuevos umbrales para la aplicación del Código de Buenas Prácticas, para poder entrar en procesos de renegociación de la deuda, de quita o, en su caso, de dación en pago, aunque De Guindos se refirió a esta última como una «solución de último recurso» porque el hipotecado pierde la casa. «No creo que sea la alternativa ideal, aunque sea una alternativa que ya contempla el Código de Buenas Prácticas. Lo que pretendemos aquí es que nadie pierda su casa», subrayó.

Intereses de demora, subastas y sobreendeudamiento. La previsión del Ejecutivo también es mejorar aspectos relacionados con las subastas y con los intereses de demora -calificados de abusivos desde instituciones como el Defensor del Pueblo y el Poder Judicial-, así como diseñar mecanismos para dar una mayor independencia a las sociedades de tasación frente a las instituciones bancarias. Se explorará igualmente la posibilidad de establecer límites en las compras de vivienda habitual para evitar sobre endeudamientos futuros, además de evitar cláusulas abusivas.

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