Cataluña mantendrá el euro por receta pese al dictamen del Consejo de Estado

La Generalitat ha emitido un comunicado en el que advierte que se seguirá amparando en la interpretación del Consejo de Garantías Estatutarias


La Generalitat hará caso omiso al dictamen emitido por el Consejo de Estado, que considera que la tasa del euro por receta implantada en Cataluña es inconstitucional, y se seguirá amparando en la interpretación del Consejo de Garantías Estatutarias, que avaló la constitucionalidad de la tasa.

En un comunicado, el departamento de Salud de la Generalitat ha recordado que la tasa del euro por receta fue aprobada por el Parlament el 23 de marzo en el marco de la Ley 5/2012 de 20 de marzo de medidas fiscales, financieras y administrativas.

También recuerda que el Consejo de Garantías Estatutarias dictaminó el 6 de marzo la constitucionalidad de la nueva tasa y que el dictamen del Consejo de Estado que discrepa de esta interpretación «no es vinculante». La Generalitat asegura que «el Govern atenderá siempre, en caso de diversidad de interpretaciones, a la del Consejo de Garantías Estatutarias», por lo que no hará caso al dictamen del Consejo de Estado, que considera que vulnera el orden constitucional ya que las comunidades autónomas «no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de los precios de los medicamentos».

El Consejo de Estado entiende que no cabe admitir que, en el ejercicio de su potestad tributaria, las comunidades impongan gravámenes «cuya exacción comporte, en última instancia, un incremento del coste que los ciudadanos hayan de abonar para obtener un determinado medicamento o producto sanitario».

El dictámen también subraya que no se reprocha una eventual falta de competencia de la Generalitat catalana para establecer tributos sino que «la instauración de esa tasa vulnere el orden de competencias y, en concreto, el artículo 149.1.16 de la Carta Magna». La conclusión del dictámen asegura que en el caso de Cataluña, el precepto autonómico también «entra en conflicto» con el artículo 149.1.1 de la Constitución según el cuál «corresponde al Estado la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes».

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