Jueces y fiscales se movilizan ya contra las reformas de Gallardón

A partir del viernes todos los juicios concluirán a las dos de la tarde

Efe

redacción / la voz

El otoño caliente en la Administración de Justicia empezará con el inminente mes de noviembre. El paquete de reformas y de recortes presupuestarios puesto en marcha desde el Gobierno central por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, hará que a partir ya del próximo viernes los jueces empiecen a aplicar con carácter general las medidas de autorregulación que barajaron hace apenas mes y medio.

Así lo hicieron saber ayer unánimemente los representantes de las siete asociaciones profesionales de jueces y fiscales, para quienes la supresión de los jueces interinos -unas 1.200 personas que se irán directamente al paro- para ahorrar un total de 20 millones de euros al año, supondrá un incremento del 30% en la carga de trabajo que ya soportan actualmente los jueces titulares.

La primera consecuencia de esta autorregulación anunciada será que los jueces solamente celebrarán juicios durante cuatro horas al día. A las dos de la tarde levantarán la sesión, independientemente de que haya concluido o no la vista oral, advierten. Esta medida, si se aplica a rajatabla, como prevén, va a generar un gran malestar entre los justiciables y un colapso de dimensiones imprevisibles en este servicio público ya de por sí bastante saturado.

Los portavoces de ambos colectivos judiciales (jueces y fiscales) han aclarado que no quieren perjudicar a los ciudadanos pero también advirtieron de que el tiempo de su «voluntarismo y sacerdocio» está tocando a su fin. Además, anunciaron para el próximo día 23 la convocatoria de una concentración frente a la sede del Ministerio de Justicia, a la que acudirán miembros de las carreras judicial y fiscal de toda España. Si el ministro no reacciona, los representantes reunidos ayer no descartaron incluso promover una huelga indefinida.

El objetivo de todas estas medidas de presión es reclamar la retirada del proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial, la paralización del proyecto de reforma del Estatuto Judicial y Fiscal y el incremento de la inversión en justicia para que España se equipare a los estándares europeos. En definitiva, que el ministro se siente a negociar con las asociaciones profesionales.

En un intento de llamar a la reflexión, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, señaló ayer que «las movilizaciones y la huelga» anunciadas por las asociaciones de jueces y fiscales «no son la vía» de solución más adecuada para acabar con los muchos problemas que padece la Justicia española, informa Efe.

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