La nueva ley de educación pondría fin a la selectividad según el anteproyecto anunciado por Wert

Se implantarán evaluaciones al final de cada etapa y el gobierno aumenta su nivel de decisión en los contenidos

Efe

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha presentado al Consejo de Ministros una propuesta articulada de la futura Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que modificará parcialmente la Ley Orgánica de Educación (LOE), de 2006, y supone reforzar Lengua y Matemáticas y suprimir Educación para la Ciudadanía.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha referido a ésta como «una de las principales reformas» previstas por el Ejecutivo.

Sáenz de Santamaría ha explicado que los objetivos principales de la reforma educativa son fortalecer la formación integral de los alumnos y conseguir que el sistema educativo sea una plataforma mejor para conseguir un empleo.

«Queremos conectar el aula con el empleo», ha señalado la vicepresidenta del Gobierno, quien ha subrayado que el anteproyecto supone poner en marcha una reforma «clave» para el sistema educativo y contribuirá a atajar uno de los principales problemas del mismo: el abandono y el fracaso escolar.

La Lomce establece que el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se obtendrá tras superar una evaluación final, con pruebas diferentes para acceder al Bachillerato o la FP, según la opción elegida por los alumnos en el último curso; las calificaciones de la etapa tendrán un valor del 70 % y las de la prueba, del 30 %.

El Bachillerato se reduce a cinco vías (Ciencias e Ingeniería, Ciencias de la Salud, Humanidades, Artes y Ciencias Sociales), y también tendrá una evaluación final nacional (sustituye a la selectividad), con un valor del 40 %, mientras que la nota media de la etapa tendrá un peso del 60 %.

Los alumnos de Primaria pasarán una evaluación en tercero para la detección precoz de dificultades de comunicación lingüística y matemáticas, que podría suponer la repetición de curso si el resultado no es óptimo.

En sexto de esta etapa, otra evaluación con carácter informativo y orientador servirá para comprobar si han logrado las competencias y objetivos de la etapa y la viabilidad del tránsito a ESO.

También en Primaria, la materia Conocimiento del Medio se desdobla en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, y desaparece Educación para la Ciudadanía, que en ESO es sustituida por un curso de la nueva Educación Cívica y Constitucional.

Los ciclos de Formación Profesional Básica sustituyen a los actuales Programas de Cualificación Profesional Inicial y pasarán a ser de dos años completos, considerados como educación básica, obligatoria y gratuita.

La FP media se «moderniza», según el Gobierno; habrá materias instrumentales adaptadas al sector profesional correspondiente y se facilita la continuidad en la superior a través de materias optativas.

En cuanto a las evaluaciones y pruebas de admisión, los alumnos que no las hayan superado (en cualquiera de las etapas educativas), o que deseen elevar las calificaciones obtenidas, podrán repetirlas en convocatorias sucesivas.

Los centros educativos tendrán autonomía para diseñar e implantar métodos pedagógicos propios y los directores necesitarán acreditar la superación de un curso de formación específico.

Las administraciones educativas podrán concertar con centros de educación por sexos siempre que cumplan la convención internacional sobre la lucha contra las discriminaciones en la enseñanza.

El Ejecutivo propone «diálogo» para llegar a un acuerdo con las aportaciones de todos y el compromiso de alumnos, familias y profesores.

«Es fundamental que la reforma educativa sea sostenible en el tiempo -añade-, pues su éxito se medirá en función de la mejora objetiva de los resultados de los alumnos»

El Gobierno central decidirá hasta el 75 % de los contenidos

Por otra parte, el Gobierno central aumentará su capacidad de fijar los contenidos educativos hasta el 65 % en el caso de comunidades con lengua cooficial y al 75 % para el resto, según el anteproyecto de reforma la Lomce.

La propuesta, presentada en rueda de prensa por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, señala que al Gobierno corresponde el establecimiento de los criterios de la evaluación de alumnos y las proporciones curriculares señaladas como legislación básica.

En la legislación vigente, al Gobierno corresponden el 55 y 65 % de los contenidos curriculares.

A las comunidades, según Wert, corresponde la capacidad de establecer las directrices pedagógicas, la organización de la gestión educativa y la porción de contenidos no atribuida el Estado.

Wert ha rechazado que se trate de una «recentralización» o de una homogeneización de la educación, ya que eso sería «despojar» de competencias a las comunidades, y ha insistido en que se trata de articular nuevos instrumentos de evaluación desde el punto de vista de la «equidad territorial».

Ha subrayado la importancia de disponer de esos mecanismos de evaluación para conocer las diferencias de rendimiento del sistema educativo, y también de intensificar el diálogo con las comunidades autónomas.

«Hemos hablado ya mucho, pero vamos a hablar más», ha aseverado Wert, quien ha recordado que las comunidades tienen asumida íntegramente la gestión del sistema educativo y es por lo tanto «esencial» que se involucren en esta reforma.

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