La reforma del CGPJ, el gran caballo de batalla, se juega a tres bandas
16 sep 2012 . Actualizado a las 06:00 h.De la interminable batería de reformas judiciales lanzadas por Alberto Ruiz-Gallardón desde su llegada a Justicia hay tres que son las más conflictivas y las que, según fuentes judiciales consultadas, pueden llegar al Congreso la próxima primavera.
Ley Orgánica del Poder Judicial.
De cumplirse los compromisos electorales del actual Gobierno, incluiría como principal cambio la elección de los vocales del Consejo por los jueces y no por el Congreso, como ocurre tras la reforma de 1985. A este cambio se opone radicalmente el primer partido de la oposición, por lo que Gallardón ya ha recogido velas y está dispuesto a ceder en eso a cambio de un apoyo al grueso de la propuesta del comité de expertos que incluye una reorganización interna del Consejo, que quedaría con un número reducido de vocales con dedicación exclusiva. Este proyecto tropieza con el rechazo generalizado de la judicatura, que entiende que vaciaría el CGPJ de sus principales competencias y lo convertiría en un negociado más del Ministerio de Justicia. Por eso, la negociación ha de ser a tres bandas
Ley de planta. Incluirá una reducción drástica del numero actual de partidos judiciales. Si la propuesta que en tal sentido lanzó hace meses el Consejo provocó un gran rechazo entre los funcionarios y los ayuntamientos afectados, la nueva que baraja la comisión de expertos del ministerio es todavía más radical, ya que prevé la concentración de los órganos judiciales en las capitales de provincia o en grandes núcleos de población. El bálsamo que prepara Gallardón para calmar los ánimos entre los potenciales damnificados es convertir las actuales cabezas de partido judicial en juzgados de proximidad para temas menores.
Ley de Enjuiciamiento Criminal. El punto más conflictivo que tendrá que abordar es el del pase de la instrucción del juez al fiscal. Para amortiguar sus efectos, podría ser aprobada el año que viene con un período de vacatio legis -aplazamiento de la entrada en vigor- de varios años.