La apertura del año judicial movilizará a jueces y fiscales contra el ministro Gallardón

Los profesionales celebrarán el viernes juntas, por primera vez de forma conjunta, para decidir medidas de presión


redacción /la voz

La semana que entra comienza oficialmente el curso judicial, que este año se presenta como uno de los más movidos de la historia reciente de este país. La cuenta atrás comenzará el martes a las 12 de la mañana en el salón noble del Tribunal Supremo con el solemne acto de apertura del año judicial. Los discursos correrán por cuenta del fiscal general del Estado y del nuevo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Es más que probable que sean amenizados desde el exterior, desde los jardines de la Plaza de la Villa, por una ruidosa manifestación de funcionarios judiciales.

El eco de esos discursos en los oídos del Gobierno se convertirá en el referente de los diferentes cónclaves judiciales convocados para tres días más tarde a lo largo y ancho del territorio español, a los que por primera vez acudirán de forma conjunta jueces y fiscales. No se espera que vayan a calmar los ánimos, pero sí pueden servir para atizar el fuego.

Convocatoria conjunta

La convocatoria fue lanzada por una comisión de jueces y fiscales que a mediados del pasado mes de julio hizo público un durísimo comunicado conjunto contra las reformas anunciadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al que le exigían que las paralizase.

El programa de medidas de presión que puede salir de esas juntas del viernes, según anticiparon, será gradual. Podría empezar con concentraciones en las puertas de las sedes judiciales, seguir con suspensiones de señalamientos y juicios acabar con paros parciales.

La convocatoria de una nueva huelga, como la que le montaron el 18 de febrero del 2009 al ministro socialista Fernández Bermejo, que fue secundada por un 25 % de los jueces y que no contaba con el respaldo de la asociación mayoritaria, será «el último recurso». Las distintas fuentes judiciales consultadas no la descartan, pero la ven como poco probable, al menos de momento. «Hay que seguir acumulando agravios, pero lo que vaya a salir de las juntas del día 21 es imprevisible», señaló un cualificado directivo de una de las asociaciones de jueces convocantes.

Las mismas fuentes han reconocido que los ánimos están un poco más tranquilos que hace un par de meses, cuando, aprovechando la crisis provocada en el seno del CGPJ por el escándalo de los viajes de Carlos Dívar, Ruiz Gallardón lanzó el órdago de la reforma del órgano de gobierno de los jueces con el que consiguió una reacción unánime sin precedentes en el seno del mundo judicial.

Más trabajo y menos sueldo

La ofensiva reformista del exalcalde madrileño, que se interpretó casi de forma unánime como un ataque directo a la independencia judicial, no hizo más que colmar la paciencia de un colectivo que tiene la consideración de tercer poder del Estado y que se siente especialmente agraviado porque ha visto incrementar día día su carga de trabajo para paliar las carencias de una administración judicial obsoleta, mientras el Gobierno de turno le rebaja los sueldos, como al resto de los funcionarios. El otoño judicial caliente está a punto de empezar.

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