Un desfile de primeras figuras para aclarar un fraude milmillonario

Griñán, su antecesor, exconsejeros y exministros acudirán al parlamento


Sevilla / Colpisa

Presidentes y expresidentes de la Junta de Andalucía, consejeros y exconsejeros, líderes de la oposición e incluso dos exministros. La comisión de investigación por el escándalo de los ERE fraudulentos, la primera en 17 años que acoge el Parlamento andaluz, comienza su fase decisiva el 21 de agosto, con el inicio de las comparecencias. El objetivo es depurar las responsabilidades políticas por la concesión irregular desde la Junta de ayudas a empresas en crisis con cargo a una partida de más de 800 millones.

La investigación política, después de dos años de instrucción penal del caso, arrancó el 20 de junio, con la aprobación de la comisión. Pero no han faltado los reproches cruzados acerca de si es únicamente «una cacería política» o si hay un «guion escrito» de los socios de Gobierno -PSOE e IU- para neutralizar los resultados.

No ha habido sorpresas. La documentación estudiada, incompleta a juicio del PP, constata que el procedimiento de ayudas no era todo lo adecuado que se suponía en aspectos como la objetividad o la publicidad, como han denunciado públicamente los populares en las últimas semanas.

Antonia Moro, portavoz socialista, asegura que «somos los máximos interesados en que se esclarezcan los hechos y en ofrecer a la ciudadanía una respuesta rápida y veraz sobre lo que ha ocurrido». «Y por supuesto, en depurar responsabilidades, caiga quien caiga, y en recuperar lo defraudado y restituirlo a las arcas públicas», añade.

Baile de cifras

Una cuestión esta nada baladí, ya que un informe no oficial de la Cámara de Cuentas cifra en 1.200 millones el fraude de los ERE. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, reduce el importe a 933 millones, 617 en ayudas sociolaborales o prejubilaciones y 270 en ayudas directas a empresas otorgadas fraudulentamente. Las cifras contrastan con la investigación interna de la Junta. Según declaró el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, hasta junio se detectaron 200 intrusos en las 325 expedientes de prejubilación revisados, lo que supuso la reclamación de 12 millones a sus perceptores y dejar de pagar otros 14.

«Lo importante no es el desfile por los pasillos, sino el afán de colaboración de los comparecientes y que el proceso sea lo más objetivo posible», abunda García, quien no obstante destaca que «en muy pocas» investigaciones de otras cámaras se ha citado a políticos de tanto nivel.

Las comparecencias se han fijado en dos semanas, pero el plato fuerte llegará en la segunda, con la intervención del presidente José Antonio Griñán y su antecesor Manuel Chaves, el líder del PP-A Juan Ignacio Zoido y los exministros Javier Arenas y Eduardo Zaplana -ambos avalaron una ayuda a una empresa minera investigada-. El día 22 está previsto oír al exdirector general de Trabajo y principal imputado en la trama, Javier Guerrero, que quiere acudir a declarar ante la cámara desde la cárcel. Dos días después lo haría el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que abonó una elevada fianza tras pasar tres meses en prisión.

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