El Gobierno y el PP están dispuestos a discutir «matices» para contar con el mayor consenso en el Parlamento, pero no van a renunciar a la «esencia» de la reforma de la ley electoral que dará luz verde a que los vascos y navarros que abandonaron sus comunidades por la amenaza del terrorismo puedan volver a votar en ellas.
La idea de Interior y de los populares es que los contactos con el resto de partidos con representación parlamentaria no se demoren y empiecen a la vuelta de las vacaciones. El Gobierno se ha fijado como objetivo primordial obtener el apoyo del PSOE. Aunque oficialmente, como dijo el ministro del Interior, Jorge Fernández, el Ejecutivo también quiere pactar la reforma con el PNV, en Moncloa y en Génova consideran «prácticamente imposible» conseguir el respaldo nacionalista sin «adulterar» el proyecto.
La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, explicó que su grupo tiene que estudiar con «detenimiento» el borrador de los expertos, pero adelantó que, «en principio», el PSOE no tiene una postura contraria a la iniciativa.
En el Gobierno aseguran ser «extremadamente pesimistas» sobre la posibilidad de un pacto con el PNV, cuyo portavoz parlamentario, Josu Erkoreka, dijo que la reforma «no es pertinente» porque la «presión» de la amenaza terrorista «ya no existe». Según el diputado, el texto abre las puertas a «manipulaciones fraudulentas» del censo.