El Gobierno podría tener lista la reforma para las próximas elecciones en 2013
25 jul 2012 . Actualizado a las 18:59 h.El Gobierno abrirá inmediatamente el diálogo con los grupos parlamentarios con vistas a reformar la ley electoral para que los ciudadanos del País Vasco y Navarra «exiliados» por culpa de la amenaza de ETA puedan votar en esas comunidades autónomas.
Así lo ha asegurado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tras avanzar las conclusiones de un seminario en el que veinte expertos juristas han analizado la viabilidad jurídica de permitir el derecho al voto en el País Vasco y Navarra de quienes se han visto obligados a abandonar estas comunidades autónomas por la amenaza de ETA.
«La voluntad política de Gobierno era clara, pero teníamos que saber si era viable o no jurídicamente; nos han dicho que es viable jurídicamente, la voluntad política del Gobierno es tirar para adelante con el máximo nivel de consenso como corresponde a una reforma de la Ley General Electoral», ha dicho Fernández Díaz.
En la misma comparecencia, el director del Centro de Estudios, Políticos y Constitucionales (CEPC), Benigno Pendás, ha presentado el informe de conclusiones que incluye una propuesta de reforma legislativa para que puedan votar quienes acrediten la residencia durante al menos cinco años en el País Vasco y Navarra entre el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones, y el 31 de diciembre de 2011.
Se propone un artículo 33 bis en la Ley General Electoral para que los interesados presenten una declaración dirigida a la oficina del censo electoral de su domicilio actual en la que aseguren que dejaron esas comunidades debido a la «presión de la violencia terrorista».
En ese documento, que tendrá «presunción de veracidad» según Pendás, constará que el elector estuvo empadronado con anterioridad en cualquiera de las secciones censales del País Vasco y Navarra, y que tuvo que cambiar de domicilio dentro del territorio nacional dentro de las fechas citadas.
«Estimada la solicitud, la oficina del censo electoral ordenará las altas y bajas en las secciones censales correspondientes, con efectos para todos los procesos electorales, así como los referendos», dice la propuesta de reforma.
La solicitud tendría vigencia indefinida, si bien el elector «podrá revocarla en cualquier momento» y volver a poder votar en su domicilio actual, aunque ya no podría volver a pedir la opción de sufragio en el País Vasco y Navarra.
Pendás ha explicado que la propuesta apunta «cierta preferencia por el voto por correo»; la documentación para ello se enviaría de oficio a los interesados y el cómputo se realizaría en las mismas mesas electorales, aunque «no se descarta la posibilidad del voto en persona».
El director del CEPC ha señalado que no existiría un censo oficial de desplazados, sino que estas personas se integrarían en el ordinario.
Fernández Díaz ha reconocido que «hay muchas cuestiones abiertas para el debate político, si bien se ha resuelto de forma satisfactoria la primera gran incógnita», en referencia a la viabilidad jurídica de la reforma, por la que el Gobierno consultó y sobre la que se han pronunciado este grupo de expertos.
El titular de Interior ha insistido en que, si bien el Gobierno podría tener lista la reforma para las próximas elecciones vascas (2013), no será este el caso por el ánimo del Ejecutivo de consenso en el Parlamento y por desvincularlo de las acusaciones de querer favorecer, supuestamente, a unos u otros.
«No estamos pensando en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones, no estamos hablando en términos electoralistas, sino hablando de principios, de justicia y reparación», ha dicho.
El ministro ha hablado de la idea de acuerdo con los gobiernos vasco y navarro, y con todos los grupos parlamentarios, como PNV y UPN y especialmente el socialista, pero ha dicho que no se hablará con Amaiur, sin citarlo, pues el acuerdo no es posible mientras esta coalición no exija a ETA la disolución.
Así, el titular de Interior ha subrayado que la reforma final dependerá del debate parlamentario.
Fernández Díaz no ha dado ninguna cifra de cuántas personas estarían en condiciones de votar según esa reforma, pero ha comentado que «bastaría que un solo vasco o navarro no hubieran podido ejercer el derecho de voto para que esto tuviera sentido».
En este sentido, ha argumentado que cualquier estimación podría dar pie a la presunción de que el Gobierno está pensando en términos electoralistas.
«Quiero alejar al Gobierno de este hecho, no nos preocupa que no pueda entrar en las próximas elecciones porque no hay intención de alterar el censo electoral», ha reiterado.
Preguntado sobre la posibilidad de que exista fraude, ha considerado como «difícil» que alguien firme una declaración responsable de ese tipo si no ha tenido que abandonar el País Vasco por la amenaza terrorista.