Quién es Andrea Fabra, la polémica hija de Carlos Fabra

La diputada del PP celebró desde su escaño el anuncio de Rajoy de la reducción de la prestación por desempleo: «¡Que se jodan!»


Redacción

Andrea Fabra Fernández (Castellón, 1973) es la primogénita de Carlos Fabra, el polémico expresidente de la Diputación de Castellón. A los 16 años se afilió al Partido Popular a través de Nuevas Generaciones. Años más tarde se licenció en Derecho y en el 2001 fue nombrada senadora por designación autonómica. En el 2008 abandonó la cámara alta para pasar a formar parte del Congreso. Carlos Fabra indicó en su día en declaraciones a EFE que su inclusión como número 2 en las listas era una propueta de Francisco Camps, y consideró el salto como «una decisión valiente e incómoda» porque «está más tranquila sin recibir más críticas de las que ha recibido hasta este momento simplemente por tratarse de una hija mía».

Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón de 1995 al 2011, imputado judicialmente por delitos como tráfico de influencias, cohecho o evasión fiscal (premiado en la lotería hasta en nueve ocasiones), también es famoso por ser el principal impulsor de la creación del aeropuerto de Castellón, del que aún no ha despegado ni aterrizado ningún avión y que costó más de 150 millones de euros. Dicho aeropuerto alberga una estatua suya de 25 metros de altura y que supuso cerca de 300.000 euros a las arcas públicas.

Andrea Fabra, casada con Juan José Güemes, Consejero de Sanidad en el Gobierno de Esperanza Aguirre, fue investigada en el año 2007 por Hacienda. La titular del juzgado de Nules concluyó que Andrea Fabra debía ser investigada por los peritos, en relación con uno de los múltiples casos de corrupción que sacudieron a su padre.

Otro detalle polémico de su biografía es que en su última declaración de Bienes y Rentas se incluían dos créditos hipotecarios con La Caixa y la nacionalizada Bankia. En concreto, el 50 % de un crédito concedido en 2003 por La Caixa por valor de 541.000 euros; y el 20 % de otro concedido en 2007 por Bancaja por valor de 1.200.000 euros. Esta última entidad, una de las más expuestas al ladrillo, fue absorbida por Caja Madrid y pasó a formar parte de Bankia antes de que la entidad fuera nacionalizada por el Gobierno de Rajoy.

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