La comisión retrasa las comparecencias de Griñán y Chaves a final de agosto
12 jul 2012 . Actualizado a las 07:00 h.La jueza que instruye el caso de los ERE fraudulentos pagados con dinero público en Andalucía amplió ayer la línea temporal de la investigación al imputar al tercer director general de Trabajo del Ejecutivo regional, Daniel Rivera, de cuatro delitos continuados de prevaricación, malversación, omisión del deber de perseguir delitos e infidelidad en la custodia de documentos. Este alto cargo cesó de su puesto el pasado mes de junio al conocerse su implicación en la causa, aunque desde la Junta se justificó entonces el relevo por la remodelación de la Administración acometida tras las últimas elecciones autonómicas.
Con los informes de la Guardia Civil en la mano, la instructora, Mercedes Alaya, interrogó ayer a Rivera, que supuestamente mantuvo el sistema fraudulento de subvenciones instaurado por su antecesor en el cargo, Francisco Javier Guerrero, ya encarcelado por este mismo asunto. Así, estima la jueza que Rivera concedió casi 43 millones de euros en ayudas sin tener en cuenta el procedimiento y la normativa europea sobre los controles y fiscalización de estos procesos.
Considera Alaya además que él no aportó documentación solicitada para la causa, completó a posteriori otra antes de remitirla y que incluso pudo ocultar expedientes con información comprometida o de interés para la investigación.
Rivera llegó al cargo de director general de Trabajo en abril del 2010, ya durante el primer Gobierno de José Antonio Griñán, y formó parte del equipo que asumió la investigación interna de la consejería cuando el escándalo de los ERE saltó a la palestra, de ahí que en cuanto se conoció su imputación el propio presidente autonómico saliera enseguida en su defensa.
Responsabilidad política
Ayer, en el interrogatorio, el exalto cargo insistió en que «nadie» lo advirtió de la ilegalidad del procedimiento que amparaba las subvenciones. No obstante, reconoció haber leído un informe de un bufete en el que se alertaba de la necesidad de realizar una fiscalización previa y un control posterior de las ayudas, aunque lo consideró una «opinión más». «Puedo tener responsabilidad política, pero no penal», respondió a la jueza.
Rivera anunció a Alaya que hoy le entregará un informe sobre su actuación durante sus dos años en el cargo, lo que comprende qué se hizo desde que en noviembre del 2011 su dirección general se percató de la existencia de «intrusos» que nunca habían trabajado en las empresas.
Mientras prosigue la pesquisa judicial, la comisión parlamentaria anunció ayer que será el 31 de agosto cuando finalmente comparezcan en la Cámara el presidente de la Junta, su antecesor Manuel Chaves y los dirigentes del PP Javier Arenas y Eduardo Zaplana, que lo harán un día antes. El calendario se retrasó para reunir y estudiar la documentación solicitada y localizar a los comparecientes.