La acusa, junto a su antecesor, de tráfico de influencias y cohecho y, al ser diputados, eleva la causa de corrupción urbanística al Tribunal Superior
06 jul 2012 . Actualizado a las 07:00 h.El responsable del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada y del Castillo, solicitó la imputación de la alcaldesa alicantina, la gallega Sonia Castedo (nació en Ribadeo), y su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, ambos del PP, por amañar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en favor del empresario constructor y promotor Enrique Ortiz, accionista mayoritario del Hércules Club de Fútbol. El juez que instruye la rama (una de las veinte en investigación) del caso Brugal sobre supuestas ilegalidades en el PGOU alicantino advierte indicios para achacar a los dos políticos -diputados en las Cortes valencianas- delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho. A la vez, dada su condición de aforados, el magistrado elevó la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Entre las otras dieciséis personas a las que el juez Tejada y del Castillo incluye en las diligencias previas -el propio Ortiz; el arquitecto que redactó el proyecto de revisión del plan, Jesús Quesada; varios empresarios más; o dos ex altos ejecutivos de Bancaja y CAM-, está también el hermano de la alcaldesa, el letrado y socio del despacho Salvetti Abogados y Consultores, José Luis Castedo, en cuyas actividades observa indicios suficientes de los delitos de asesoramiento ilegal, actividad prohibida a funcionario público, revelación de información privilegiada por funcionario, tráfico de influencias y cohecho.
El instructor mantiene que la actual fase del proceso no permite concretar el tipo exacto de cohecho. Sin embargo, matiza, en atención a los indicios habidos en las pesquisas, el delito puede comprender «la percepción y/o solicitud de dádivas» por Alperi y Castedo a cambio de que le facilitasen información del Plan de Urbanismo que nunca «debía ser pública».
Conversaciones telefónicas
En el escrito remitido al Tribunal Superior, Tejada relata que ambos incluso accedieron a realizar cambios en el documento municipal para satisfacer los deseos y requerimientos expresados por el promotor inmobiliario Enrique Ortiz, «prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al interés privado». En este sentido, el auto del juez recoge diversos fragmentos de conversaciones telefónicas -intervenidas por la policía- entre Castedo y Ortiz, en las que la alcaldesa se comprometía a darle información sobre modificaciones en el PGOU que pudieran favorecer sus intereses de negocio.
En una de estas conversaciones grabadas, Castedo asegura a Ortiz no solo que le han arreglado los problemas que el empresario tenía con las exigencias urbanísticas en las Lomas del Garbinet, si no que la por entonces aún edil de urbanismo en el gobierno de Alperi añade: «Tenemos apañado también lo del Rico Pérez», estadio en el que juega el equipo de fútbol del Hércules. El mismo escrito indica que Alperi parece intervenir en beneficio de otro empresario imputado, Aurelio González, en la venta de unas parcelas.
Mientras la regidora lamentó ayer que «no hay mayor condena que la indefensión» y afirmó que demostrará que «las imputaciones son falsas», la oposición exigió al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que depure a los diputados imputados, e incluso le ofreció apoyo para gobernar sin esos votos.