Detenidas 150 personas en una operación contra un fraude en el cobro del paro

La estafa al Estado probablemente supere los 7,2 millones de euros


Colpisa | Madrid

La Policía Nacional ha asestado uno de los mayores golpes a las tramas dedicadas al fraude en el cobro del paro por contrataciones falsas. Las cifras dan cuenta de la envergadura de la operación desarrollada en Barcelona, Tarragona, Gerona y Jaén: 150 detenidos, 227 personas imputadas, 30 empresas ficticias localizadas, y una decena de instituciones y unidades policiales movilizadas en la investigación.

La estafa consistía en utilizar sociedades fantasma, sin apenas actividad laboral y dirigidas por una maraña de testaferros, para la contratación ficticia de trabajadores. Miles de empleados fueron dados de alta por este procedimiento, por el que pagaban entre 300 y 500 euros.

Al menos 400 de estas personas -en su mayoría de marroquíes asentados en Cataluña- legalizaron su situación y consiguieron un permiso de residencia y trabajo. Solo en ese colectivo, el fraude supuso 2,6 millones de euros. Una cantidad que los inmigrantes recibieron del Servicio de Empleo Estatal.

Pero la estafa al Estado es mucho mayor, probablemente cercana a los 7,2 millones, ya que al dinero que recibieron como falsos parados una vez que eran despedidos de manera ficticia hay que sumar otros 4,5 millones en deudas que los testaferros contrajeron con la Seguridad Social por no cotizar.

La red se destapó cuando a mediados del año pasado la Inspección de Trabajo de Barcelona detectó que había una serie de empresas con deudas sistemáticas en sus cotizaciones sociales y aparentemente sin actividad laboral real.

Treinta empresas

Los funcionarios centraron sus pesquisas en un grupo de 30 empresas que eran usadas para presentar sucesivas altas y bajas de trabajadores, a veces contratados por varias del grupo. Los capos de la red escogían como socios a personas que no ejercían tales funciones; es más, eran personas de escasa formación o de «sectores marginales» que colocaban como testaferros al frente de las compañías. Uno de los detenidos, que figuraba como administrador de 8 de las sociedades y también como constituyente en 17 de las empresas, trabajaba como pizzero. El entramado, además de intentar a ocultar a los cabecillas, se esmeró en hacer opacas las empresas, con domicilios sociales inexistentes. Lo único real es que contaba con un nutrido grupo de gestores administrativos, que se dedicaban a la confección de contratos, nóminas, partes de alta y baja o certificados de empresa. Esos técnicos eran los que se dedicaban a la constitución de las empresas con todo tipo de objetos sociales, aunque luego, cuando se inscribían en la Seguridad Social, lo hacían siempre como construcción y jardinería.

En total, la policía ha localizado a 3.375 trabajadores dados de alta de forma fraudulenta en la Seguridad Social, si bien el número podría aumentar.

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