El Gobierno se lía a ladrillazos


Casi literal: a ladrillazo limpio. El decreto que aprobó el Consejo de Ministros el viernes impone a la banca una segunda reforma en tres meses, durísima, a cuenta de sus activos inmobiliarios excesivos. Si a Rodrigo Rato pronto le llamarán el Fuguillas, por su huida del FMI y de Bankia, a su exsubordinado y hoy ministro Luis Guindos se le conocerá como el Reformas, reformas sin piedad. Se justifica esta decisión por el objetivo de que el crédito fluya, pero cualquiera entiende que si se les obliga a provisionar en total 27.000 millones de euros, esa cantidad se retira del caudal disponible para prestar dinero. Solo Santander, CaixaBank, BBVA y pocos más resistirán el ladrillazo gubernamental. El resto, a pedir dinero o a fusionarse a marchas forzadas, dejando la piel en la urgencia.

En la precipitada reducción de cajas de ahorro, en la que algunas han sido vendidas por un euro y otras intervenidas con altos costes sociales, solo se han salvado las que eran dirigidas por gentes con olfato. ¿Ejemplos? Cajasol en Andalucía, CajaBurgos, Caja Canarias y alguna más. Ante el primer temporal se refugiaron en el puerto de Banca Cívica logrando salir a Bolsa sin la ayuda de los fórceps que necesitó Bankia. Ante el segundo temporal, con mayor oleaje todavía, han alcanzado un acuerdo digno con CaixaBank, salvaguardando su obra social, en un acuerdo pendiente de ratificación por sus asambleas. Cualquiera no lo hace y sale a la mar brava con alto riesgo de naufragio, después del ladrillazo del viernes.

Otro asunto llamativo es la demolición pública del gobernador del Banco de España a manos del PP. Le echan toda la culpa del caso Bankia, cuarta entidad financiera del país, ahora nacionalizada parcialmente. Vaya por delante que Fernández Ordóñez ha cosechado merecidas críticas en estos meses -también en esta crónica- por imponer continuos cambios de criterio al sector financiero, prueba de que no sabía cuál era el rumbo correcto. Pero acusarlo de lo sucedido en Bankia parece forzado. Caja Madrid, al fin y al cabo, estuvo gobernada doce años por Miguel Blesa, amigo del alma de Aznar, y después por Rato, impuesto por Rajoy en la pelea del PP madrileño entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón. Políticamente se le presionó para que se fusionara con la valenciana Bancaja, presidida por José Luis Olivas, a su vez impuesto por Camps. Y así sucesivamente. Alguien diseñó un eje de poder financiero Madrid-Valencia-Segovia y otras plazas fuertes del PP que debía alcanzar A Coruña absorbiendo también Caixa Galicia. Era una operación que solo modificó algo la política, porque también se impuso en su día la fusión de las cajas gallegas. Un par de años después se nos descubre que el malo de la película era el gobernador del Banco de España, eximiendo de cualquier responsabilidad a gestores y políticos. La gravedad de lo que sucede merece una historia más creíble y mejor trabada. Y autocrítica, por lo menos.

La obra social, destruida

La situación es grave, pero se hace trágica para algunas entidades. Véase CajaSegovia, que andaba justita, pero andaba, y que optó por acercarse al puerto refugio de Bankia donde se ha desatado el incendio. Hoy vale nada. El problema lamentable es que la ciudadanía pierde, porque la obra social de todas esas cajas implicadas en los desastres financieros quedará destruida. Y hay que reconocer que algunas entidades prestaban servicios sociales de gran interés en su territorio.

El Gobierno, de paso, lanzó el viernes otro ladrillazo muy oportuno a los defraudadores de Hacienda y la Seguridad Social. En épocas de tanta necesidad de recaudación no se pueden dejar abiertas las vías de escape a los defraudadores. Esto va en serio.

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